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Industria fija en 60 millones el coste a Repsol en caso de un vertido en Canarias

AGENCIAS.-El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha autorizado a Repsol Investigaciones Petrolíferas la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

La resolución contempla catorce condiciones para los sondeos, entre las que figura la obligación de que Repsol suscriba un seguro de responsabilidad civil por un valor superior a los 40 millones de euros.

Además, Repsol deberá constituir una garantía financiera por 20 millones de euros para cubrir costes de responsabilidad medioambiental, y tendrá autorización de tres años para el desarrollo de sus proyectos.

Otra condición consiste en que, en caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o el medio ambiente, Repsol deberá detener inmediatamente las operaciones.

Junto a esto, el operador estará obligado a facilitar los medios para que se pueda acceder a la realización de inspecciones y deberá informar a distintas autoridades, incluida la Capitanía Marítima, de las fechas de inicio y fin de los distintos trabajos.

El Ministerio de Industria se reserva además el derecho a realizar las pruebas que estime convenientes y podrá dejar sin efecto la resolución publicada este miércoles ante el incumplimiento de las condiciones establecidas.

El Gobierno también ha puesto como condición que, en el plazo de seis meses desde la terminación de cada sondeo, se remitan informes técnicos acerca del desarrollo de los trabajos.

Fuerteventura, en contra

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, ha calificado de «ridícula» la cifra interpuesta por el Ministerio de Industria a Repsol en cuanto a la garantía financiera y al seguro de responsabilidad civil para los sondeos exploratorios autorizados este miércoles a la petrolera en aguas cercanas a Canarias y que ascienden a un total de 60 millones de euros.

«Se trata de una cifra ridícula que supone únicamente un 0,4 por ciento de los daños que causó el hundimiento de un solo barco –en relación al Prestige–. Con 20 millones de euros –de garantía financiera– o 60 millones de euros –que es el total con los 40 millones de euros del seguro de responsabilidad financiera–, no se compra a los canarios», apostilló en declaraciones a los medios.

Cabrera indicó que «tristemente» se vuelve a ver como el Ministerio de Industria «deja a la sociedad canaria totalmente al margen y absolutamente desprotegida ante las consecuencias que conllevaría un vertido».

El presidente de Fuerteventura, a modo de ejemplo, compara el vertido del Prestige con la posibilidad de que se produjera uno en aguas cercanas a Canarias, matizando que el del Prestige «provino de un único barco, que se hundió a una distancia de 250 kilómetros de las costas de Galicia, mientras que en Canarias se perforará a 50 o 55 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote».

Por otra parte, lamentó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, crea que «en Fuerteventura y Lanzarote pueden vivir sin agua, porque no es así», ya que recordó que ambas islas dependen al 98 por ciento del agua de mar desalada. Asimismo, aseguró que «todos» los informes técnicos «coinciden en que en caso de vertido habría que suspender la producción de agua para no dañar la maquinaria de producción».

En cuanto a que la publicación de la autorización definitiva a Repsol se haya producido en el mes de agosto, consideró que «se demuestra una vez más que todo el procedimiento es un paripé», así como que se trata de «una agenda predefinida y perfectamente calculada».

Finalmente, aseguró que el Cabildo no ha obtenido respuesta a sus  alegaciones, en las que dijo se «evidenciaban la incompatibilidad» del proceso con cuatro directivas europeas, así como el «incumplimiento directo de cuatro leyes españolas y otra directiva europea».

Sin riesgo

Por su parte, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) ha calificado de «prácticamente nulo» el riesgo por vertido de petróleo a causa de los sondeos de hidrocarburos en las islas Canarias y ha expresado su «confianza» en la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de autorizar este miércoles el comienzo de los trabajos de prospección, según ha informado en un comunicado.

El presidente de la entidad, Luis Suárez, ha asegurado que las posibilidades de un incidente de estas características son «mínimas» si «se respetan» las condiciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la normativa europea de evaluación ambiental en cuanto a hidrocarburos, «de las más exigentes del mundo».

En ese sentido, Suárez ha recordado los «más de 260» sondeos petrolíferos que se han llevado a cabo en aguas marítimas españolas del Mediterráneo, Cantábrico y el Golfo de Cádiz y ha instado a los detractores de las prospecciones que «recurran la decisión» si así lo desean ante instancias a nivel nacional como el Tribunal Supremo o el Constitucional y a nivel comunitario como los Tribunales de Justicia Europea.

La controversia surgida en torno a los sondeos responde a la «escasa experiencia» en investigación petrolífera en España, según el presidente del ICOG, que ha reclamado una «estrategia energética» que combata la dependencia energética del país, promueva las energías alternativas y combine el aprovechamiento de los recursos naturales con una protección «eficaz» del medio ambiente.

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