Elblogoferoz.- El director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, informó hoy que los servicios de inspección de su departamento, en colaboración con los servicios de inspección Soivre (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones), han inmovilizado dos partidas de juguetes que no cumplen las normas en materia de etiquetado y seguridad. En concreto, se trata de un total de 96 espadas de plástico y de 672 muñecos también de plástico importados por una empresa ubicada en Tenerife.
La mercancía inmovilizada incumple el Real Decreto 1205/2011 sobre la seguridad de los juguetes, en relación con la obligación de los fabricantes de elaborar una declaración de conformidad, que no ha sido presentada por la empresa responsable de estos productos, que además, no aporta informes de ensayo que demuestren los medios empleados por el fabricante para asegurar que el juguete cumple con los requisitos esenciales de seguridad.
Gustavo Matos ha destacó el buen funcionamiento de los servicios de inspección y de la coordinación entre administraciones que impide, como en este caso, que productos que no cumplen la normativa vigente lleguen a los consumidores.
Matos señaló, además, la importancia de este tipo de actuaciones especialmente en los productos que van dirigidos a la población infantil, que es muy vulnerable ante cualquier defecto o fallo de seguridad.
De ahí que el departamento regional de Consumo, además de la labor inspectora habitual, realice campañas específicas de vigilancia. Gustavo Matos recordó que la última de estas campañas finalizó en enero de este año y consistió en un control del etiquetado de los juguetes a la venta en establecimientos comerciales que no se dedican específicamente a la venta de este tipo de artículos, con el fin de comprobar que la información que ofrecían al consumidor se ajustaba a las normas y si los productos cumplían los requisitos de seguridad exigidos. Se llevaron a cabo 40 controles en establecimientos, especialmente centrados en productos importados de países no pertenecientes a la Unión Europea
Tras la inmovilización cautelar de los juguetes detectados y la prohibición temporal de vender estos productos, la empresa responsable tiene un plazo de diez días para aportar la documentación que estime pertinente. Pasado ese plazo, si no se subsanan los defectos, se procederá a al decomiso y destrucción de la mercancía o a la prohibición de la comercialización definitiva de los productos.
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