AGENCIAS.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la modificación de la Ley 1/2007 de 17 de enero que regula la Prestación Canaria de Inserción con el fin de ampliar el número de beneficiarios y reducir los tiempos de tramitación.
En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, ha dicho que se dará traslado al Parlamento de Canarias para su aprobación, y ha señalado que se prevé un incremento de beneficiarios de entre el 8 y el 9 por ciento al incluir ahora a personas con formación que están «al borde» de la exclusión social al no encontrar empleo.
Esta reforma de la PCI estaba incluida entre las resoluciones del Parlamento de Canarias, adoptadas el 29 de julio de 2013, en relación con la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano 2013-2015.
En primer lugar, ha dicho el portavoz, se amplia el ámbito de cobertura de la Ley al modificar las condiciones de acceso en relación al tiempo de residencia, que pasa de tres años a un año, así como el periodo que se computa como ausencia de renta, que se reduce de un año a tres meses.
En cuanto a la simplificación administrativa, Marrero ha incidido en el recorte de la tramitación, que pasa de nueve a seis meses, dos para los ayuntamientos y cuatro para la Consejería de Políticas Sociales.
Además, se propone un nuevo cálculo para las cuantías de la ayuda económica básica –aumentará a razón de 50 euros por hijo– y se modifica el periodo de cobro de la prestación económica con un máximo de 12 meses permitiendo que se pueda solicitar una nueva prestación pasado otros 12 meses.
Según Marrero, el cómputo ahora será mensual, de tal manera que un beneficiario podrá solicitar una «suspensión temporal» si encuentra un empleo ya que «ha podido darse el caso» de que algunas personas no hayan aceptado un puesto de trabajo para no perder la PCI.
En 2014, el Gobierno de Canarias ha aumentado el presupuesto de la PCI un 25 por ciento hasta los 23 millones, con cuantías medias que oscilan entre los 470 y los 650 euros, tercera cantidad más alta de España solo por detrás de País Vasco y Navarra. Además, el año pasado hubo casi 12.000 beneficiarios.
El portavoz ha insistido, no obstante, en que la PCI no es una «simple ayuda económica» sino que va ligada a un «itinerario individualizado» con el fin de los beneficiarios puedan insertarse en el mercado laboral y en la sociedad.
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