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¿Por qué es malo para Baleares y bueno para Canarias? Por Paulino Rivero

El Consejo de Ministros debe pronunciarse ya, tiene que responder de forma inmediata a la petición de consulta. Susilencio sobre esta solicitud es una falta de respeto a las instituciones y a la sociedad de las Islas.

Defendemos el derecho de los canarios a ser escuchados, a expresar libremente su opinión, a decir si están a favor o en contra de que una multinacional extraiga petróleo frente a las costas de nuestras Islas. En consecuencia, esperamos que el Gobierno de España no cometa el error de impedir a los canarios algo tan básico y fundamental como el derecho a opinar sobre una actividad que pone en riesgo nuestro presente y futuro.

Con las leyes en la mano, la consulta puede hacerse. Se puede. Sí, se puede. Cosa diferente es que el PP no quiera, y caso de no querer deberán explicar a los canarios sus razones; porque legalmente se puede.

De cualquier forma, tanto si es para rechazarla como para aceptarla, el Consejo de Ministros debe pronunciarse ya. Se equivocan quienes crean que al eludir la cuestión ganan tiempo. Muy al contrario, están perdiéndolo. Su falta de respuesta lejos de adormecer la posición mayoritaria de los canarios lo único que está consiguiendo es afianzar un rechazo que suma voces cada semana que pasa; y es que en las Islas cuanta más información se tiene mayor es la contestación a la actividad petrolera. El interés de los canarios y de la multinacional y sus accionistas son agua y aceite. Los canarios tenemos mucho que perder y absolutamente nada que ganar, de ahí la exigencia de que permitan pronunciarse a las mujeres y hombres de esta tierra.

Aunque las señales no son las deseables, confío en que el presidente del Gobierno de España sea sensible a la solicitud formulada legalmente desde Canarias y permita la consulta. Sé, porque así nos lo hemos transmitido en público y en privado, que en este asunto nuestras posiciones son distantes; ahora bien, también sé que el presidente del Gobierno de España sabe escuchar y escucha, y que habiéndose solicitado desde la más absoluta legalidad –y sin que quepa paralelismo alguno con otros procesos- Rajoy acertaría política y personalmente aceptando la celebración del referéndum.

Ciertamente, el Gobierno del PP debe dar vía libre a la consulta que pedimos desde el Gobierno de Canarias para que los canarios puedan expresar libremente su posición respecto a las prospecciones petrolíferas de Repsol frente a nuestras costas. El Estado está obligado a defender el interés general de quienes poblamos este archipiélago frente al interés particular de una multinacional y sus accionistas.

Los canarios tenemos derecho a decidir sobre si queremos o no que en nuestras costas se extraiga petróleo, sobre todo teniendo en cuenta que los beneficios de esta actividad no redundarían en Canarias sino en una empresa multinacional, mientras que nuestras islas sí que padecerían las consecuencias de un vertido.

La exigencia de Canarias no debe caer en saco roto. Canarias debe ser escuchada. El Gobierno de Rajoy debe mostrar sensibilidad en esta cuestión y así representar, como máxima institución del Estado, los intereses de los canarios.

En el otro archipiélago del Estado, Baleares, se vive una situación muy similar. El Ministerio de Industria promueve unas prospecciones que chocan frontalmente con la voluntad del Gobierno y la sociedad de esa comunidad –esto sin olvidar que allí no se depende del agua desalada, o que las prospecciones son a mayor distancia–.

Con todo, los argumentos esgrimidos en Baleares para oponerse a los proyectos petrolíferos en sus aguas parecen calcados de los que venimos esgrimiendo aquí desde hace años. Basta echar un vistazo a las manifestaciones de mi homólogo, el presidente del Gobierno balear,José Ramón Bauzá:

El petróleo de nuestras islas es el turismo”.

Que nadie tenga ninguna duda. Este Gobierno está en contra de las prospecciones porque no podemos poner en riesgo el motor de nuestras islas, que es el turismo. Además, la protección medioambiental es otro de los valores que tenemos”.

Es inaceptable e impensable que los turistas que visitan Baleares en lugar de ver una puesta de sol vean una plataforma petrolífera”.

Defenderé mi comunidad como haga falta, ante quien haga falta, de la forma que haga falta”.

Baleares impugnará cualquier resolución estatal que autorice la realización de prospecciones en las aguas regionales en busca de petróleo o gas, que no tienen cabida en nuestro modelo”.

O a las de Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP:

Es mejor no saber si hay petróleo o no, porque si algún día alguien va a buscarlo, ese día acabará el turismo en la Comunitat Valenciana y Baleares”.

Yo prefiero el oro verde al oro negro”.

Son solo una muestra. Podría reproducir muchas declaraciones más, pero creo que es suficiente para ilustrar la coincidencia en el rechazo que caracteriza a ambas comunidades autónomas.

Pero sí hay un factor sustancial, capital, que diferencia los procesos que se desarrollan en Baleares y Canarias: la posición del Partido Popular.

Mientras en Baleares el PP ha hecho piña con el resto de partidos políticos, empresarios, ciudadanos y colectivos para oponerse a las prospecciones, en Canarias ese mismo partido antepone los intereses de Repsol.

Pese al PP, la unidad de acción de los canarios en la defensa de sus intereses gana enteros. Unidad que cuenta con el respaldo de las principales instituciones del Archipiélago –Gobierno y Parlamento de Canarias–, de las islas afectadas –cabildos y ayuntamientos–, del resto de instituciones –otros cuatro cabildos y decenas de corporaciones locales–, de la práctica totalidad de los sectores económicos afectados y de la inmensa mayoría de la sociedad.

Y otra más, la disparidad con la que el propio Gobierno central afronta este asunto ante una y otra comunidad.

Sin ir más lejos, hace poco hemos sabido que el de Canarias es el único de los diez espacios propuestos en España como Lugares de Interés Comunitario (LIC) cuya protección ni siquiera se ha comenzado a tramitar por parte de Medio Ambiente. En cambio el de Baleares, en elcanal entre Mallorca y Menorca, sí -justo en la misma zona en la que Industria promueve las prospecciones de la compañía Spectrum-.

La cantidad de movilizaciones e iniciativas de toda índole puestas en marcha por las instituciones y sociedad baleares son una muestra evidente de que sobre la mesa está el interés general de nuestras respectivas comunidades. Interés que no choca con el interés de España, sino con el de una multinacional con accionistas repartidos por todo el planeta.

¿Por qué lo que vale para Baleares no vale para Canarias? ¿Por qué lo que es malo allí es bueno aquí?

Estas últimas semanas hemos asistido a diversos acontecimientos que refuerzan nuestras razones y argumentos. Después de meses solicitándolo, el acceso al expediente de Industria y la postura firme del Tribunal Supremo ante las pretensiones del ministro y del Repsol están demostrando que todo el proceso ha sido una auténtica chapuza, tal y como hemos denunciado una y otra vez.

La propia Repsol ha admitido ya que no podrá cumplir con los plazos previstos, en buena medida por sus propias prisas y las del Ministerio de Industria, que le ha llevado a realizar unos estudios medioambientales con graves deficiencias y omisiones que ahora tienen que subsanar, si es que les es posible.

Esto provocará que se deba iniciar de nuevo la información pública, lo que retrasará al menos seis meses más el inicio de las operaciones, eso si es que el Supremo no anula todo el procedimiento.

Los canarios seguimos esperando una respuesta del Gobierno de España a la solicitud para someter a referéndum las prospecciones. Hemos cumplido escrupulosamente las reglas del juego dirigiéndonos al Gobierno de España para solicitar que se autorice la consulta, y esas mismas reglas dicen que ahora es el Gobierno de España -nunca una comisión parlamentaria, faltaría más- el que debe pronunciarse y darnos una respuesta.

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