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La Justicia ordena la demolición del ‘Mamotreto’ y obliga a seis de los condenados a abonar los costes

Elblogoferoz.-Seis de los siete acusados por el llamado caso Mamotreto han sido condenados hoy a pagar, a partes iguales, el coste de la demolición del edificio. Así dicta el fallo dado a conocer esta mañana por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

De los siete acusados, la única que ha quedado absuelta de todos los cargos ha sido la ex concejal de Urbanismo Luz Reverón, actual directora insular de la Administración General del Estado en La Gomera.

La sentencia ordena el derribo del edificio ya que considera  probado que la construcción de aparcamientos junto a la playa de Las Teresitas se hizo a sabiendas de que se cometía una ilegalidad.

Según informa Diario de Avisos, la jefa del servicio de Urbanismo María Loreto Ariz ha sido condenada a tres años de prisión, un año por cada uno de los dos delito de prevaricación urbanística y otro más por el delito contra la ordenación del territorio.

El ex concejal de Urbanismo Manuel Parejo Afonso ha sido condenado a tres años de prisión, uno por cada uno de los dos delitos de prevaricación urbanística y otro más por el delito contra la ordenación del territorio.

El ex concejal Norberto Plasencia Vizcaíno ha sido condenado a 27 meses de prisión, nueve meses por cada uno de los dos delitos de prevaricación urbanística y otros 9 más por el delito contra la ordenación del territorio.

El ex concejal José Domínguez Pastor ha sido condenado a 18 meses de prisión, seis meses por cada uno de los dos delitos de prevaricación urbanística y otros 6 más por el delito contra la ordenación del territorio.

El funcionario técnico Epifanio Gómez ha sido condenado a 18 meses de prisión, nueve meses por cada uno de los dos delitos de prevaricación urbanística.

La funcionaria jurígica de Urbanismo Candelaria Benítez ha sido condenada a doce meses de prisión seis meses por un cada uno de los dos delitos de prevaricación urbanística.

Parejo, Plasencia, Domínguez, Benítez y Gómez también están condenados por el delito contra la ordenación del territorio, pero a penas de inhabilitación para empleo o cargo público.

 

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