Esta semana hemos tenido ocasión de conocer nuevos datos acerca del dique semisumergido de San Andrés, una infraestructura imprescindible para asegurar la protección del frente de su litoral, que supone una demanda histórica de los vecinos del pueblo costero. Lo peor del caso es que la información obtenida arroja poca luz para el deseado inicio de las obras, cuando ya han pasado más de cinco meses desde que la portavoz del PP en el Ayuntamiento, en el pretendido papel de vocera de la ministra de Fomento, anunciara que la declaración de emergencia para su construcción iría al Consejo de Ministros en esas mismas fechas, allá por septiembre de 2013.
Transcurrido el tiempo, sin noticias que le otorgasen veracidad a aquel anuncio, hemos acudido varias veces a Madrid en busca de una explicación sobre lo que está sucediendo. Pero debo confesar que el último encuentro que mantuve este lunes en sede ministerial resultó frustrante: aquel compromiso al que se refería la portavoz de los populares se ha quedado en nada. Una foto más entre las que distribuye periódicamente, al lado de dirigentes de su partido, para referirse a una supuesta interlocución ante el Gobierno del Estado, con escasos beneficios para Santa Cruz. Más bien, al contrario. Basta que hablase de emergencia para que el retraso fuera mayor.
El frente que atraviesa este fin de semana nuestras Islas, con una nueva alerta por fenómenos costeros, ayuda a entender la incertidumbre que viven los vecinos de San Andrés cada vez que el mar muestra su peor cara. Lo he dicho esta semana y lo repito ahora: ¿Tiene que ocurrir una tragedia, ha de morir alguien, para que el Ministerio se dé cuenta de la necesidad de declarar la emergencia y priorizar por encima de cualquier otro asunto la construcción del dique? No me lo puedo imaginar, pero allá la responsabilidad de cada uno. Desde luego, el Ayuntamiento de Santa Cruz -igual que la Autoridad Portuaria, porque me consta el celo de su presidente- no va a rendirse. Nos puede el compromiso con las familias de la zona. Seguiremos batallando.
Lejos del ámbito de la sensatez, resulta evidente que Fomento trata de llevar la tramitación de este asunto por la vía del procedimiento ordinario, que es por donde se complica todo. Porque ese camino obliga a la elaboración y aprobación de documentos innecesarios a ojos de la Autoridad Portuaria, junto con otros trámites burocráticos, perfectamente evitables con la declaración de emergencia. Alegan en Madrid que la dificultad para tomar este camino guarda relación con una antigua concesión, otorgada por la Autoridad Portuaria, para la construcción de una marina deportiva. Pero se trata de un extremo que niega categóricamente su presidente, al decir que pase lo que pase con este proyecto, en nada afectaría a la obra del dique semisumergido.
Aunque la aclaración supone un alivio para nuestra tesis en favor de la emergencia, puesto que la confluencia de ambos expedientes hubiera impedido el avance en la construcción del dique, queda ahora que lo entiendan así en Madrid. O que se manifieste una verdadera voluntad política para llevar adelante el proyecto con la urgencia requerida. Tenemos el proyecto, el dinero y la predisposición de la Autoridad Portuaria para realizar la obra. Lo único que pedimos es que Puertos del Estado, el Ministerio de Fomento y su titular, Ana Pastor, cumplan con la palabra dada el verano pasado. Si no es así, confío en que no tenga que producirse ningún percance para que este criterio erróneo termine por cambiar de un día para otro.
José Manuel Bermúdez Esparza
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife
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