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Canarias recurre ante los tribunales la negativa a suscribir préstamos a menor coste en el extranjero

AGENCIAS.-El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, acordó emprender acciones judiciales contra la decisión del ministerio de Economía y Competitividad de no autorizar a Canarias la formalización de operaciones de crédito en el extranjero a pesar de que éstas suponen un considerable ahorro de costes.

De esta manera, el Ejecutivo regional interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional una vez que ha transcurrido el plazo legal sin que el ministerio haya contestado al último requerimiento para que anule tal resolución. Ante el silencio administrativo, se entiende que la petición del Gobierno de Canarias ha sido rechazada.

Los servicios jurídicos consideran que se produce una infracción del ordenamiento jurídico ante la inexistencia de motivación por parte del Estado que justifique esta denegación.

Así, a juicio de estos servicios, la negativa no se ajusta a los fines marcados por la normativa vigente, ya que lejos de facilitar a Canarias las mejores condiciones de acceso a la financiación impone la obligación de acudir a la banca nacional frente a otras entidades extranjeras dispuestas a ofertar mejores condiciones financieras.

El Gobierno canario entendió que la negativa del Estado está produciendo un grave perjuicio al Archipiélago, sometiendo a la comunidad autónoma a suscribir créditos que suponen un mayor e innecesario gasto en intereses que podría destinarse a otras partidas.

El pasado mes de febrero, el Gobierno de Canarias solicitó a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la autorización preceptiva para suscribir un préstamo de 500 millones de euros en el mercado exterior en condiciones muy ventajosas para el Archipiélago.

Este préstamo, que cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley, suponía un ahorro de 7,5 millones anuales en intereses respecto a lo ofertado por las entidades españolas.

Sin embargo, el departamento que dirige Luis De Guindos denegó la autorización sin alegar argumento alguno, obligando a la comunidad autónoma a acudir a la banca nacional para financiarse a un interés del 2,5 % por encima del coste del Tesoro, a diferencia del 1% ofrecido por los bancos extranjeros.

 

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