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Más ayudas sociales. Por José Manuel Bermúdez

Dos principios básicos rigen la acción de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como son la generación de condiciones que faciliten la creación de puestos de trabajo en el municipio y la dotación de medios materiales y humanos para una atención social directa, eficaz y justa. Desde el inicio del presente mandato, no hemos cejado en el propósito de enfrentarnos con decisión a la adversidad de una coyuntura económica que se alarga en el tiempo y afecta cada día que pasa a un número mayor de familias.

Sin tener la posibilidad de cambiar el rumbo de esta situación, el Ayuntamiento es la administración sobre la que primero recae el peso de las consecuencias de esta crisis. La ciudadanía acude a los servicios municipales en demanda de ayuda, convirtiéndose en la primera puerta a la que tocar, lo que también es un indicativo de la cercanía que caracteriza su relación con los vecinos. Somos conscientes de ello, asumimos esa realidad y tratamos de responder con eficacia y prontitud, sin que dejemos de rebelarnos contra la injusticia de los recortes y el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno del PP.

Muestra del afán que nos guía en la determinación por atender a quienes más lo necesitan es el nuevo catálogo de prestaciones del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) –sin duda, el más completo de Canarias–, con el que pretendemos llegar a más personas y en menos tiempo, incrementando la dotación y la variedad de la asistencia y agilizando los procesos de gestión. Sirvan como ejemplo las ayudas al pago de hipotecas de las familias más necesitadas; las garantías y fianzas para el acceso a alquileres sociales; la reposición de los suministros de luz y agua que hayan sido cortados o el abono de recibos del gas.

En lo referido a vivienda, el principal empeño del grupo gobernante sigue siendo evitar los desahucios en el municipio. Después de ser pioneros en todo el Estado a la hora de proponer un Protocolo Anti Desahucios, nos estrenamos en la puesta en marcha de un servicio de intermediación hipotecaria, en colaboración con el Colegio de Abogados, que solo en el plazo de diez meses ha evitado que cinco familias tuvieran que abandonar sus hogares. En esta misma línea, ante el riesgo de una situación de desalojo, los ciudadanos han de saber que pueden acudir a los Servicios Sociales en solicitud de alguna de las ayudas citadas.

La crudeza de la crisis, que como hemos dicho en otras ocasiones tiene rostro, tiene cara, tiene ojos…, y la obstinación de los populares por unas medidas que se demuestran ineficaces para la reactivación económica y la generación de empleo, ha provocado desde 2011 un aumento de más de 15.000 personas usuarias de los Servicios Sociales del municipio. Conviene tener presente que solo en el primer semestre de este año, el Ayuntamiento de Santa Cruz concedió 12.464 prestaciones económicas de asistencia social (lo que se conoce como PEAS), una cifra que supone casi el 75 por ciento de las gestionadas a lo largo de 2012.

Lejos de contentarnos con estos datos, que pueden resultar demostrativos de que gestionamos más y mejor, sabemos que queda tarea por delante. De ahí que, con el impulso de la concejala Alicia Álvarez, hayamos establecido nuevas bases para regular las prestaciones, en busca de mayor agilidad en la respuesta y más precisión en la valoración, además de incrementar la cuantía de las ayudas. La incorporación de más trabajadores al cuadro de profesionales dedicados a esta labor y la modernización telemática de los procedimientos administrativos nos ayudará al cumplimiento del objetivo que cité al principio: una atención social directa, eficaz y justa.

 

 

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