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Canarias interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas tributarias

AGENCIAS.-El Consejo de Gobierno de Canarias, en su reunión de este jueves, ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a la disposición final segunda Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Esta disposición final, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, en rueda de prensa, modifica el artículo 7 de la Ley General de Subvenciones, estableciendo la competencia del Consejo de Ministros para resolver los procedimientos para la determinación y repercusión de la responsabilidad derivada del incumplimiento por parte de los sujetos integrantes del sector público de las obligaciones establecidas en la normativa europea.

Para ello, invoca expresamente la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una ley contra la cual el Gobierno de Canarias ya tiene interpuesto un recurso de inconstitucionalidad porque regula los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento de obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea, recurso recientemente admitido a trámite.

«Una norma remite a la otra, por lo que las dos tienen idéntico fundamento y contenido, y en consecuencia las razones para la interposición de este nuevo recurso son las mismas que motivaron el presentado frente a la Ley Orgánica», ha detallado.

En ambos casos, por tanto, se contempla el supuesto de incumplimiento de obligaciones de derecho comunitario y que, por tal causa, el Reino de España haya sido sancionado por las autoridades comunitarias.

En tales supuestos, ha explicado, se atribuye la competencia para derivar la responsabilidad al Consejo de Ministros previa audiencia de las administraciones o entidades afectadas, y esta derivación puede consistir en la compensación o retención de la deuda con las cantidades que el Estado deba transferir a la administración o entidad responsable por cualquier concepto.

En primer lugar, ha apuntado que hay que objetar al sistema propuesto que tal sanción se decide en un procedimiento en el que la administración a la que se le imputa responsabilidad no ha sido oída y constituye, o puede constituir, el título ejecutivo suficiente para actuar contra sus bienes y derechos, violentándose el derecho a la tutela judicial efectiva.

En segundo término, la competencia que se atribuye al Consejo de Ministros se desvía «sustancialmente» de lo establecido en la jurisprudencia constitucional, que defiende la idea de que la aplicación del derecho comunitario no puede alterar las competencias de las Comunidades Autónomas y que el Estado se puede dotar de instrumentos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones supranacionales, pero sin amparar invasiones competenciales.

La responsabilidad derivaría, en su caso, del ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en consecuencia, no podría determinarse por otro sujeto público distinto al titular de la competencia, que es la propia Comunidad Autónoma.

Según Marrero, la Administración del Estado pasa en la práctica de coordinadora a superior jerárquica de las comunidades autónomas, vulnerando la autonomía política de éstas y, en particular, su autonomía financiera.

Prospecciones

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado al Estado que «frene» de forma «inmediata» los permisos autorizados a Repsol para que haga prospecciones en aguas cercanas a Canarias, tras conocerse el informe científico del MaB –vinculado a la Unesco– que alerta de los «gravísimos riesgos» que supondrían para el archipiélago.

Ha insistido en que el estudio alerta de los daños que se pueden generar en el ecosistema y en la biodiversidad de Lanzarote, Fuerteventura y el sureste de Gran Canaria, e incide también en la afección económica por el peso que tiene el turismo en la economía canaria.

Asimismo, Marrero ha dicho que las dos islas más orientales del archipiélago quedarían desabastecidas de agua en caso de vertidos porque el agua de consumo se nutre de la desalación, según se recoge en el informe.

El portavoz ha destacado que el informe está avalado por una veintena de investigadores de universidades españolas, e incluso, ha sido asumido por los ministerios de Economía, Industria y Agricultura.

«Es un organismo riguroso e independiente, y si el Estado no paraliza las prospecciones, chocará contra el interés general de Canarias y lo firmado por científicos de reconocido prestigio», ha indicado.

 

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