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El Gobierno canario interpondrá sendos recursos contra la Ley de Costas y las tasas judiciales

AGENCIAS.-El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas.

El Gobierno entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna. En primer lugar, el apartado 38, del artículo primero de la norma supondría una clara vulneración de la autonomía local, ya que el texto dice que «la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección.»

De este modo, el Ejecutivo regional cree que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde sólo a los Tribunales de Justicia, por lo que se estaría otorgando a los delegados y delegadas del Gobierno un poder de decisión y control sobre la autonomía municipal, acto que vulneraría el actual reparto competencial.

Así, otro motivo la vulneración por parte de la Ley del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia, donde el texto legislativo establece hasta doce núcleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligación que tiene el Estado para la protección del dominio público marítimo-terrestre.

Tasas judiciales

Por otra parte, el Gobierno tambiñen ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad contra la imposición de tasas judiciales aplicada por el Ministerio de Justicia.

    El Ejecutivo ha considerado que la ley 10/2012 de 20 de noviembre establece unas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que se consideran lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española.

Del mismo modo, el artículo 24.1 de la Constitución dice que «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».

La exigencia de la tasa que esta Ley establece por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso administrativo y social es considerada por la Administración regional contraria al artículo 24.1 de la CE, ya que se extiende su exigencia al orden jurisdiccional social, por ampliar su ámbito subjetivo a las personas físicas –al limitar la exención sólo a las personas físicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita–, por incrementar su cuantía y por exigir el devengo de la tasa en el orden contencioso administrativo al tiempo de interponer el recurso, acompañada o no la interposición de la formulación de la demanda.

Así, también se entiende que los fines perseguidos con el establecimiento de la tasa no puede amparar el establecimiento de trabas excesivas y carentes de razonabilidad y proporcionalidad.

En ese sentido, se ha tenido en cuenta que el derecho reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española se puede ver conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.

La determinación de la cuota tributaria que se hace en el artículo siete del texto legal, en combinación con la determinación de la base imponible del artículo seis, ha llevado a concluir que los importes totales a satisfacer por tasas judiciales, en los distintos órdenes jurisdiccionales, desalienta y disuade al ciudadano, persona física, suponiendo una carga económica excesiva que no está justificada ni es proporcional en relación con la finalidad perseguida.

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