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La reforma energética incluirá medidas para bajar el precio de producción de las renovables en las islas

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AGENCIAS- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha avanzado este miércoles en el Pleno del Congreso que la reforma energética que se presentará a final de mes o durante la primera quincena de julio incluirá medidas destinadas a reducir el precio del megavatio producido desde fuentes renovables en los sistemas insulares y extrapeninsulares, que es una de las principales causas del alto coste de la energía en España.

Así lo ha indicado durante una interpelación de la portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de Energía, Laia Ortiz, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. En su intervención, el ministro ha señalado que la reforma constará de un proyecto de ley que modificará varios aspectos de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, además de un decreto ley, varios reales decretos y una serie de órdenes ministeriales.

Este cuerpo normativo será aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de junio o, en su defecto, en alguno de los que se celebrará durante la primera quincena de julio, de tal manera que su tramitación parlamentaria tendrá lugar previsiblemente tras el verano.

Según ha subrayado Soria, para esta reforma –como para anteriores medidas impulsadas por su departamento– se ha tenido en cuenta «el interés general, que unas veces coincide con el interés privado y otras no». «Pero las opiniones del sector las hemos escuchado y estudiado, y algunas están incorporadas y otras no», ha añadido, ante las acusaciones de la diputada catalana de que sólo se tienen en cuenta las necesidades de las grandes empresas eléctricas y no del resto de actores.

Renovables

El ministro también ha señalado que entre los aspectos que se incluirán en esta reforma se incluye el fomento de «una mayor penetración» de las energías renovables en los sistemas insulares y extrapeninsulares, donde el coste medio de producción es muy superior al del territorio peninsular. «Por eso no sólo no habrá moratoria (en estos territorios), sino que introduciremos medidas para que el coste del megavatio en estos territorios baje por debajo de los 90 euros. Eso será bueno para todo el sistema», ha asegurado.

Esto completará a las previsiones contenidas en el proyecto de ley de producción energética en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, actualmente en tramitación parlamentaria, que promueve que el combustible necesario para las energías renovables se adquiera en condiciones más competitivas, ya que tiene un impacto muy importante en el coste total del sistema y, por ende, en el déficit tarifario.

Un problema que, según el ministro, ya está «encauzado pero no solucionado», y que es fundamental resolver para poder acometer la reforma integral del sistema. «Es condición imprescindible para poder tener un sistema energético equilibrado, seguro y sostenible medioambientalmente que también sea sostenible económicamente», ha insistido, negando que se perjudique a las energías renovables, que «seguirán teniendo una participación importante en el mix energético».

Sin embargo, las primas a las renovables no son las únicas materias que inciden en los desequilibrios financieros del sistema eléctrico, tal y como ha reconocido Soria, apuntando que el «galimatías» del sistema tiene sus consecuencias, y defendiendo que hasta la fecha ya se han ‘tocado’ diferentes materias –como el transporte, la distribución, los pagos por capacidad o la interrumpibilidad– para reducir los costes.

No obstante, no ha precisado sí se volverán a tomar medidas en estas parcelas en la nueva reforma y, al ser preguntado por esta posibilidad, se ha limitado a justificar la necesidad de pagos como el de capacidad o el de interrumpibilidad pese a reconocer que suponen un coste muy elevado.

Eficiencia energética

Finalmente, Soria ha señalado que el Gobierno apuesta por la eficiencia energética con medidas como los incentivos para cambiar de vehículo, las ayudas a la rehabilitación de edificios o la creación de la certificación energética; y ha indicado que también el autoconsumo de balance neto quedará regulador en la nueva legislación que se está preparando. En cualquier caso, ha reiterado que será necesario introducir un peaje por el uso de la red.

Para reducir la dependencia energética e incrementar la seguridad del suministro, el ministro ha vuelto a defender también la técnica del fracking y ha puesto a Estados Unidos como ejemplo de cómo avanzar en ese sentido. «¿Cree que en Europa podemos permitirnos seguir dependiendo de la importación? ¿No nos hace eso más vulnerables? Por eso, si dentro de las condiciones medioambientales de España y Europa se presentan proyectos que cumplan, debemos autorizarlos», ha justificado, defendiendo el mismo criterio para las prospecciones de gas y petróleo en territorio nacional.

Por último, respecto a la central nuclear de Santa María de Garoña, el titular de Industria ha defendido que «en una economía con tal dependencia energética del exterior no se puede prescindir de la aportación y generación de una fuente limpia y más barata que las demás» por lo seguirán los criterios del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para decidir si se puede continuar utilizando este rector nuclear y cualquier otro. «(La decisión se tomará por) un criterio estricto de seguridad nuclear, y eso lo debe decir sólo el CSN», ha concluido.

DE NUEVO, PARCHES

Sin embargo, las explicaciones del ministro no han convencido a Laia Ortiz, que acusa al Gobierno de preparar esta nueva reforma energética «en un secretismo absoluto y sin diálogo ni participación» distinta de la de las grandes empresas eléctricas, y ha avanzado que probablemente «se insistirá en los errores de culpar de todo a las renovables» sin ir «por fin a la raíz de los problemas». «¿Seguirán con parches y recortes que pagan los ciudadanos y las renovables o pondrán algo de sentido común?», se ha preguntado.

Porque, para la diputada de ICV, el empecinamiento del Ejecutivo en centrarse únicamente en terminar con el déficit de tarifa está haciéndole «olvidar temas muy importantes como la equidad, la sostenibilidad, al transparencia o el futuro energético». «Evidentemente el déficit de tarifa es un problema muy grave, pero han olvidado todo lo demás», ha acusado, reprochando también que se culpe de ese desfase financiero a las renovables cuando, a su entender, se deriva de «decisiones políticas de no cubrir los costes con la tarifa».

En este sentido, ha reprochado que no se haya explorado la vía de recortar otras partidas que se cargan en la factura eléctrica como el precio de los combustibles para la producción energética en las islas, los pagos por capacidad en un sistema «sobrecapacitado», la ininterrumpibilidad, las rentabilidades que las eléctricas cobran por la deuda o el sistema de formación de precios.

«Las empresas tienen al regulador y al Gobierno cautivos con las puertas giratorias, sus márgenes de beneficio son el doble de la media europea, y eso lo pagamos todos», ha dicho, recordando que no hay sostenibilidad económica sin sostenibilidad medioambiental y lamentando que, pese a ello, el Gobierno siga «hipotecando el futuro de España» al mantener la dependencia de los hidrocarburos importados.

Finalmente, Ortiz ha alertado de la «pobreza energética» que sufren cada vez más ciudadanos, sin acceso a la energía por su coste; y ha acusado al Ejecutivo de «destrozar» el sector de las renovables –muy intensivo en empleo– con su «inseguridad jurídica», que ha llevado a que «nadie quiera invertir» en España. Asimismo, ha reprochado el retraso en la regulación del autoconsumo, ha pedido peajes «adecuados», recordando que las empresas productoras de energía también utilizan la red y no se les cobra por ello; y ha exigido el cierre de Garoña y que se respete a las comunidades autónomas que prohíban el fracking.

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