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Por un cambio en la regulación de los permisos de residencia y trabajo. Por Paulino Rivero

Como muchos ya conocerán, los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias han presentado una iniciativa en el Parlamento para solicitar al Gobierno del Estado una regulación restrictiva sobre los permisos de residencia y trabajo a personas procedentes de países extracomunitarios.

De esta forma, los canarios ejercitamos una facultad recogida en nuestro Estatuto de Autonomía -que permite a la Comunidad Autónoma elevar propuestas al Estado en materia de residencia y trabajo de extranjeros- para demandar que se adopten medidas que ayuden a modular el crecimiento poblacional en las Islas –un crecimiento que constituye, sin duda alguna, uno de los factores que vienen condicionando en las últimas décadas nuestro desarrollo socioeconómico, con efectos tanto en la prestación de los servicios públicos como en la evolución del mercado laboral.

Los datos no mienten. Canarias ha experimentado un incremento de población desmedido, especialmente en los diez o doce últimos años. Si tomamos como referencia el censo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística a finales de 2012, Canarias es la segunda comunidad autónoma en la que más ha crecido la población –porcentualmente- en el período 2001-2011; en solo una década el número de habitantes del Archipiélago se ha incrementado en un 22,9 por ciento, pasando de 1.694.477 habitantes en 2001 a 2.082.655 habitantes en 2011. El incremento se explica en gran medida por la llegada de personas extranjeras -baste recalcar que en estos diez últimos años Canarias sumó 178.574 nuevos extranjeros-.

Si echamos la vista aún más atrás podremos comprobar cómo el año 1990 Canarias tenía 1.589.403 habitantes, lo que quiere decir que en apenas veinte años la población ha crecido en casi medio millón de personas.

No están en discusión las bondades que en muchos los aspectos la inmigración representa, como tampoco lo está la contribución que hacen quienes llegan a las Islas procedentes de otros lugares.

Tampoco genera dudas el carácter integrador de los canarios. Somos cruce de caminos, y sabemos lo que significa empezar de nuevo lejos de casa. Ahora bien, el sentido común y la responsabilidad han invitado, invitan e invitarán a una reflexión sobre la necesidad de articular mecanismos que modulen el crecimiento poblacional.

Así lo he defendido siempre, y así lo sigo creyendo; y la iniciativa parlamentaria a la que he aludido con anterioridad constituye una poderosa invitación a reabrir este debate.

La cuestión demográfica ha condicionado y condiciona el desarrollo de las políticas públicas por su afección sobre el territorio, sobre la prestación de servicios y sobre el empleo, resultando especialmente determinante en lugares como Canarias, cuyas condiciones geográficas y debilidades estructurales la hacen especialmente vulnerable frente a transformaciones súbitas y severas.

El Archipiélago no puede crecer demográficamente de manera indefinida, porque no hay recursos ni servicios públicos capaces de afrontar un crecimiento excesivo. La capacidad de carga del territorio es finita y los servicios que se prestarían a la comunidad no podrían responder al principio de cohesión social, que, por otra parte, es santo y seña para este Gobierno.

Si la población tiene efectos directos sobre el territorio también lo tiene sobre el mercado laboral. El aumento demográfico experimentado por el Archipiélago en la última década no tiene que ver con el crecimiento vegetativo y sí con la llegada de mano de obra foránea.

Este hecho –llamativo siempre- es especialmente delicado ahora, en un momento de profunda crisis en el que escasean los puestos de trabajo. Algo que, paradójicamente y en contra de lo que pudiera pensarse en un principio, no ha desanimado la llegada de foráneos, puesto que la incorporación de activos al mercado laboral canario sigue siendo importante.

Repasemos los datos a este respecto, que ya he comentado en algún post anterior. En el primer trimestre de este año se registraron en Canarias 7.700 activos más, mientras que en el conjunto del país descendieron en 85.000. En el último año (entre el primer trimestre de 2012 y el mismo periodo de 2013) la población activa ha crecido en 2.700 personas en Canarias y ha bajado en 235.300 personas en España. Desde el primer trimestre de 2007, se han incorporado al mercado laboral canario 106.400 nuevos activos, lo que indica un crecimiento del 10,4% en seis años marcados por la crisis económica. El aumento nacional de la población activa en este periodo fue solo del 4%. En todo el año 2012, la población activa aumentó en 12.800 personas en Canarias (+1,1%) y bajó en 158.700 en España (-0,69%).

Como se puede comprobar, la presión sobre el mercado laboral canario es tal que se hace muy difícil crear empleo neto. Por eso, cualquier decisión que se tome en la línea de atenuar la incorporación de población activa contribuirá en alguna medida a rebajar las cifras del paro y permitirá que esos puestos de trabajo que se crean en el Archipiélago sean para canarios -nacidos en las Islas o los que aquí residen-.

Desde esa perspectiva, nadie puede poner en duda la legitimidad de una propuesta que pretende, en última instancia, que los parlamentos o gobiernos promuevan medidas en favor de sus propios representados. Ese es el espíritu de la iniciativa que debatirá el Parlamento de Canarias. Un debate, insisto, absolutamente necesario.

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