FIRMAS Salvador García

Servicios Sociales: empeora la situación. Por Salvador García Llanos

Canarias no gana para bajas clasificaciones y para récords negativos. La prueba más reciente está en el índice 2013 de Derechos, Economía y Cobertura (DEC), confeccionado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Nuestra Comunidad, tras Valencia y antes de Madrid y Murcia, tiene los peores Servicios Sociales del país.

Este índice, según se ha publicado, mide y evalúa el desarrollo de las políticas, estructuras y presupuestos del sistema en tres bloques (derechos, economía y cobertura), asignando una puntuación de 0 a 10 tras cruzar datos oficiales de indicadores varios, como el alcance de determinados servicios o el gasto por habitante en cada comunidad.

El desarrollo de los Servicios Sociales en España, según concluye el estudio, es más bien débil. Las restricciones han causado un efecto muy negativo. Canarias aparece con la nota media de un 2. Para el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, los resultados del examen realizado, debidamente comparados, equivalen a decir que las cuatro comunidades citadas “tienen los peores servicios sociales de Europa”.

Los mayores recortes en la materia en términos relativos, siempre según el Índice, se han producido en Baleares, Castilla La Mancha y Galicia. Sigue Canarias, con un 18,51%.

En términos generales, el informe refleja una caída del 3.64% del presupuesto entre 2009 y 2012 a nivel autonómico, con una merma de 478 millones de euros, lo que significa un descenso medio del 1,75% en el gasto por habitante. No obstante, se dan «enormes desequilibrios» entre los distintos territorios, donde un mismo español puede recibir servicios con una dotación hasta diez veces mayor.

Esa otra brecha. reveladora de la fractura social en nuestro país, donde los ricos son cada vez más ricos, y los pobres, más numerosos y cada vez menos pudientes, refuerza la iniciativa de la Asociación que agrupa a los profesionales de los servicios sociales del país. Solicita la aprobación de una ley básica estatal de servicios sociales para evitar estas «diferencias extremas», y pide que se transforme la renta mínima de inserción por un «ingreso mínimo de ciudadanía» más ágil y de más fácil acceso, que se mantenga el plan concertado y se cumpla la Ley de Dependencia.

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