A veces la experiencia nos permite anticipar el futuro. En caso de que este futuro sea desalentador, podemos adoptar dos estrategias: tirar la toalla (aunque tal vez lo que consigamos con ello sea generar una profecía autocumplida), o buscar fórmulas para evitar los escenarios que resulten previsibles.
Éste es el caso que se nos presenta cuando pensamos en el futuro de la nueva Ley canaria de biodiversidad, actualmente en elaboración. Se trata de una herramienta legal que modificará el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, y que además dispondrá de mecanismos de participación y criterios de evaluación del estado de amenaza de las especies que procurarán la necesaria objetividad que precisa una herramienta de conservación. En este momento, el equipo técnico de la Viceconsejería de Medio Ambiente se encuentra en pleno proceso de elaboración de este complejo instrumento, y lo está haciendo de manera participativa y rigurosa. Hasta aquí todo bien.
Sin embargo, si nos anticipamos en el tiempo y nos situamos en el año 2014, siempre que se hubieran cumplido los plazos previstos, nos encontramos en un escenario bien distinto. Un instrumento que pretende tener el rango de Ley tendrá necesariamente que pasar por el Parlamento de Canarias, aquél que aprobó en el año 2010 el denostado internacionalmente Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, que ahora se pretende derogar con esta nueva norma legal. Las consecuencias de la aprobación de la nueva Ley podrían ser nefastas para determinadas infraestructuras como el puerto de Granadilla, una obra que los tres partidos con representación parlamentaria, incluido el PSOE, han defendido hasta traspasar las fronteras de la legalidad… ¿qué puede pasar entonces?
Todos los escenarios probables son oscuros: a) una Viceconsejera de Medio Ambiente que no consigue convencer a su propio partido o a los miembros que necesita su partido para llevar esta norma al Parlamento; b) un pacto “secreto” dentro del PSOE que permita escenificar una guerra contra el resto de partidos en la que ellos son los que cumplen con su programa, pero que no pueden llevarlo adelante porque se encuentran con los votos en contra de CC y PP; c) una situación de impasse en la que la Ley queda en la mesa pendiente de aprobación después de las elecciones del 2015, sirviendo como instrumento electoral para los partidos que prometen aprobarla si ganan, pero que luego quedará pendiente de resolución de forma indefinida.
Frente a ello, y dado que nuestra opción es siempre la de visualizar este tipo de escenarios y procurar que no se produzcan, sólo existe una opción: blindar la nueva Ley, hacerla propia, procurar la participación de todos los actores sociales que tengan algo que aportar en materia de conservación. Que enfrentarse a esta Ley suponga enfrentarse a todos y cada uno de nosotros, a todas y cada una de nosotras. No sólo estamos hablando de biólogos, expertos en conservación y técnicos. También hablamos de todas aquellas personas que se ofendieron profundamente cuando vieron cómo el Parlamento canario pervirtió la justicia cuando se aprobó el Catálogo para evadir una sentencia. Hablamos de las miles de personas que salieron a la calle a luchar contra el puerto de Granadilla y contra tantas y tantas obras inútiles en toda Canarias que malgastan los fondos públicos y que no reportan ningún beneficio social ni económico. Y de todas las personas que salen cada día a protestar contra los recortes en materias verdaderamente importantes para la vida, como la sanidad y la educación públicas, los servicios sociales, y cómo no, el medio ambiente que nos permite desarrollar una vida plena y que merece ser vivida.
Porque la nuestra, la de quienes venimos luchando desde hace años en un campo tan ninguneado como la defensa del medio ambiente, es la estrategia de quienes pocas veces se rinden. Nuestra táctica es la tenacidad y la inteligencia, y nuestra mejor herramienta es la verdad. Y cada vez somos más.
*Miembro de Ben Magec-Ecologistas en Acción
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