AGENCIAS.-El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha culpado al equipo que dirigía José Manuel Soria en su etapa de consejero de Economía y Hacienda de haber concendido el aval a la empresa Vanyera, y ha avalado la actuación de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma en el proceso que ha derivado en la sentencia que obliga al Ejecutivo a abonar 5,2 millones de euros por este aval.
En un comunicado de prensa, Jorge Rodríguez responde así a las manifestaciones del Partido Popular, que, en su opinión, «intenta desviar sus responsabilidades hacia los servicios jurídicos, incurriendo en notables inexactitudes y falsedades».
Según el PP, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma no se opusieron a la liquidación y posterior venta de la empresa, lo que impidió que el Gobierno canario pudiese reclamar los bienes que ofreció Vanyera como garantía del aval.
Jorge Rodríguez ha aclarado que esta afirmación es «falsa del todo», ya que los servicios jurídicos se opusieron a la autorización dada por el Juzgado de administración concursal pese a no contar con instrucciones de la Consejería que por aquel entonces dirigía Soria, que le fueron «reiteradamente» solicitadas.
El viceconsejero ha asegurado que existen pruebas y escritos procesales que respaldan la actuación de los servicios jurídicos y que «echan por tierra» las excusas del PP. En concreto, se alegó indefensión porque no se había dado traslado antes por el Juzgado de la propuesta de aquella venta.
El Servicio Jurídico, añadió Rodríguez, tuvo conocimiento de esa venta mediante un auto con fecha 7 de septiembre de 2009, que fue recurrido por defectos formales y de fondo. Según el viceconsejero, los servicios jurídicos no contaron con más instrucciones ni informes complementarios de la Consejería, ni con su parecer respecto a tal impugnación.
Jorge Rodríguez ha explicado, además, que el juzgado desestimó el recurso aludiendo a la notificación de aquel escrito a un fax del Gobierno, pese a la alegación de que la sede oficial de notificaciones de la Administración autonómica es la Dirección General del Servicio Jurídico y que el número de fax utilizado no se correspondía con los de este departamento.
Pese a esta prueba, el juez estimó que aquel número de fax era válido y que disponía de él desde 2005, «en clara contradicción con el resto de notificaciones habidas en este mismo procedimiento, siempre notificadas a la sede de la DGSJ», aclaró Rodríguez.
Falta de oposición
El viceconsejero ha negado que esta falta de oposición haya impedido que el Gobierno canario pudiera reclamar los bienes que ofreció Vanyera. «Lo único que impidió que el Ejecutivo pudiera ejecutar la garantía ofrecida por la empresa fue la falta de inscripción de la misma en el Registro de Bienes Muebles, que no fue debidamente supervisada por la Consejería dirigida por Soria», añadió.
Acerca de las supuestas dudas jurídicas sobre la necesidad de la inscripción, Jorge Rodríguez ha señala que también es «falso» en lo que al Servicio Jurídico se refiere. «De haber existido dudas jurídicas serias, lo propio era haber solicitado informe a los servicios jurídicos y no se pidió. Era indiscutible que la garantía debió ser inscrita», subrayó.
En relación a las objeciones del Servicio Jurídico a la garantía, el viceconsejero ha indicado que el decreto de aval encomendó a la Consejería de Hacienda que verificara la garantía, con los requisitos allí establecidos. «Es todo un despropósito soslayar tal responsabilidad y atribuir una operación de valoración y de cualificación técnica al Servicio Jurídico, que únicamente informa por razones de legalidad», afirmó.
Por último, Rodríguez quiso dejar patente que el Servicio Jurídico «cumplió*con su deber de defensa procesal de los intereses de la Comunidad Autónoma», pues «se recurrieron todos las resoluciones que se estimaron lesivas para aquellos intereses, teniendo en cuenta que esa operación de defensa quedó reservada en exclusiva al Servicio Jurídico, que jamás recibió formalmente instrucciones al respecto».
El viceconsejero ha lamentado esta «nueva huida hacia delante» del Partido Popular, «echando mano, una vez más, de mentiras y falsedades fácilmente desmontables en un asunto en que la única responsabilidad recae sobre la gestión de José Manuel Soria y el equipo que dirigía por aquel entonces en la Consejería de Economía y Hacienda».
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