Esta semana Caritas ha presentado su informe anual, que refleja un alarmante incremento de la pobreza en Canarias, en consonancia con los análisis de instituciones tan fiables como el Instituto Nacional de Estadística o la agencia europea Eurostat.
Siempre lo decimos, la peor cara de la crisis que nos ha tocado atravesar la ofrecen, precisamente, las personas que menos tienen, aquellos proyectos de vida truncados, a los que hemos de proporcionar ayuda. Es cuestión de compromiso ético.
Ahora que los recursos públicos son cada vez más exiguos, cobra especial importancia su aprovechamiento. El valor de la aportación de entidades como Cáritas, sin duda la mayor Organización No Gubernamental del mundo, o de los bancos de alimentos es irremplazable.
Por ese motivo es gratificante que todos los grupos parlamentarios del Senado de España se hayan comprometido a apoyar una moción que tuvimos el honor de presentar y defender en nombre del Partido Popular sobre el uso de excedentes alimentarios.
Las aportaciones y el consenso de todos, dejando ideologías al margen, enriquecieron un texto que solicita al Gobierno de la Nación un plan de concienciación para empresarios y hogares, con el fin de racionalizar la producción alimentaria, desde su origen hasta su conversión en excedente. Estas mociones son un verdadero aliciente para seguir apostando por esta noble actividad de la política.
Es preciso coordinar esfuerzos para lograr un modelo que nos permita luchar contra este problema que, al final, se traduce en una merma de recursos. Hablamos de comida en perfecto estado que, en plena crisis económica, no podemos permitirnos el lujo de desechar.
Anualmente desperdiciamos 1.300 millones de toneladas de alimentos, un tercio de la producción mundial; una cifra que en Europa alcanza los 89 millones de toneladas, la mitad de su producción. España ocupa el sexto lugar en el desafortunado ranking continental, con 7,7 millones de toneladas que equivalen a 63 kilos de comida tirada a la basura por persona y año. Es moralmente inaceptable.
El acuerdo adoptado contribuye a visibilizar, pero también a aliviar, un problema social que afecta a millones de familias españolas y canarias, al tiempo que favorece la preservación de los recursos, y mejora la calidad de vida de los consumidores.
El plan que implicará al Gobierno contempla acciones transversales que ocuparán a diversos ministerios, como los de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dirigidas a facilitar la intervención de las entidades que colaboran en la recuperación de comida desechada y aun comestible.
Es preciso que las administraciones públicas se coordinen para el cumplimiento de los objetivos del informe de 31 de noviembre de 2011 del Parlamento Europeo sobre despilfarro alimentario, incidiendo en el fomento del consumo responsable en edad infantil, e instando a empresas distribuidoras, hostelería, restauración y los propios hogares a asumir un manual de buenas prácticas que evite el despilfarro.
Estas medidas han de reflejarse en campañas con las comunidades autónomas y corporaciones locales, con apoyo a los bancos de alimentos y las organizaciones que trabajan en programas de distribución de comida, para dar salida a los excedentes.
Todo ello ha de llevarse a cabo cumpliendo los controles sanitarios, por lo que las administraciones competentes habrán de agilizar las modificaciones necesarias sobre las normas de calidad referidas al almacenamiento de alimentos, al cumplimiento de las indicaciones de caducidad o fechas de consumo preferente, y al vencimiento en el empaquetado.
Con esta acción, el Senado vuelve a dar muestras de un compromiso social a prueba de toda duda. Nos enorgullecemos de habernos adelantado a otras cámaras legislativas, en un asunto de tanta relevancia, que nos invita a todos a ganar en eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad.
Abogamos siempre por la justicia y el compromiso por la sociedad.
Añade un comentario