AGENCIAS.- El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha afirmado este lunes que en Canarias no se dan las «condiciones» para implantar el peaje en las carreteras.
Según el consejero, para que se pueda aplicar, las vías deben ser de titularidad pública, que unan lugares situados a largas distancias para que el ahorro de tiempo y combustible sea «sustancial», y que el tráfico sea lo «suficientemente alto» como para que la inversión tenga el retorno esperado.
En su opinión, estas restricciones afectan, incluso, al llamado ‘peaje en sombra’, modelo en el que la administración abonaría a la empresa concesionaria lo que corresponde pagar a los conductores, en función del número de vehículos que circulen por la vía.
Aunque en Canarias existiese un lugar en el que este modelo garantizase el retorno de la inversión, el contexto actual lo haría «inviable», porque el ‘peaje en sombra’ implicaría una previsión de gastos que incrementaría el nivel de déficit en el momento en el que se realiza dicha previsión.
Además, ha comentado en una nota que se trata de una fórmula de financiación de la obra pública que proliferó en el Estado pero ha resultado un «fracaso» por el «error» en las previsiones de tráficos y costes realizadas.
Por otro lado, Berriel ha recordado que la ejecución de las carreteras de interés general en Canarias se planificó a través de los sucesivos convenios suscritos con el Ministerio de Fomento, con una financiación procedente de los Presupuestos Generales del Estado, en virtud de los previsto en el Régimen Económico y Fiscal (REF), que establece los parámetros obligatorios de inversión estatal en Canarias y las compensaciones derivadas del hecho insular y de la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas.
Por tanto, no cree «justo» que sea el usuario de las carreteras canarias quien soporte ahora, en la actual coyuntura económica, su carga de la financiación mediante el abono de los peajes para suplir los «continuos» incumplimientos del actual Gobierno central de sus obligaciones inversoras en Canarias y de los compromisos contraídos a través del vigente Convenio de Carreteras, máxime si la inversión media en infraestructuras para el resto del Estado «no ha decrecido en la misma proporción».
Movilidad
En su opinión, se daría la «paradójica» situación en la que, al coste de la movilidad en Canarias, derivado del hecho insular, se añadiría el coste de la movilidad interior derivado del peaje, por la carencia de otras infraestructuras para la movilidad, como ocurre en el resto del Estado.
El consejero ha alegado también que las condiciones de carácter legal para implementar un peaje en una vía dificultan en estos momentos su aplicación, por la exigencia de rutas alternativas, y en otro orden, con el actual nivel de ejecución del Convenio de Carreteras, su establecimiento generaría condiciones «discriminatorias entre islas».
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