FIRMAS Salvador García

Más cemento, más especulación. Por Salvador García Llanos

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La segunda quincena de abril será dolorosa para los ciudadanos españoles. Deberán estar muy atentos. Por un lado, a las medidas gubernamentales para contrarrestar las exigencias de Bruselas, las que imponen las dictaduras económicas: más restricciones, más limitaciones, más inestabilidad, más incertidumbre. Y por otro, a la fase final de la tramitación de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, visión reformista de la Ley de Costas, vigente desde 1988.
Este segundo hecho tiene en Canarias y en toda la España costera una singular importancia. La consideración básica del litoral como bien común y que, por consiguiente, es necesario preservar o proteger al máximo, no será una cuestión de principios: las intenciones del legislador parecen más inspiradas por la flexibilidad, por una permisividad generosa que hará de la costa española nuevamente una amplia franja especulativa. Vuelve el cemento, vuelve el uso comercial indiscriminado, vuelve el aprovechamiento a conveniencia, vuelve -aunque lo nieguen- el uso privativo…
Así se desprende de las facilidades que encontrarán los promotores para edificar o de la pretendida reducción del dominio público de una franja de cien metros desde la línea de costa a veinte metros. Si este segundo aspecto se traduce en una ampliación de las concesiones, preparémonos para una auténtica privatización. Y la papeleta, por cierto, en manos de los ayuntamientos que, aunque supervisados por la comunidad autónoma respectiva, tendrán que tomar la decisión final. A ver esas haciendas tan necesitadas, a ver esos proyectos tan cargados de “puestos de trabajo directos”, a ver… quién se niega.
El debate final en sede parlamentaria puede ser de traca aunque el resultado no peligra para la mayoría que volverá a lucir su vocación absolutista, a medida que se contraste el que no haya voluntad de consensuar o sean rechazadas algunas enmiendas que pretendan salvar, por ejemplo, los núcleos de población que en la norma de 1988 quedaron fuera del dominio público. Al contrario, parece que la reforma de la Ley de Costas lo que persigue es legalizar determinadas urbanizaciones o construcciones fuera de ordenación y rebajar el listón de protección del litoral. Hasta listas circulan ya esperando la bendición final de la entrada en vigor de la nueva Ley. Hay quien ya habla de la ley chicle que estira los límites.
Lo cierto es que la larga mano de las privatizaciones costeras se vuelve a posar sobra las islas y sobre las regiones marítimas. Eso de que el litoral es un bien común al que todos tenemos derecho, dentro de nada, será papel mojado.

Que no se extrañen de concentraciones ni de activismos ecologistas ni de escraches en bikinis… Llegarán, llegarán.

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