AGENCIAS.- Manos Limpias ha presentado este lunes una denunia en Fiscalía General del Estado contra la portavoz y cofundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, por considerarla autora de amenazas y coacciones a los diputados en relación con los «escraches» promovidos por este colectivo. Pretende que el Ministerio Público inste a la Audiencia Nacional a la apertura de un procedimiento por tratarse de delitos contra las instituciones del Estado.
El sindicato de funcionarios la considera «inductora y cooperadora necesaria» en los delitos denunciados y afirma que no trata de criminalizar a la plataforma, si bien estima que cuando sus acciones «inciden en ilícitos penales, no pueden quedar impunes bajo pretexto de que se criminalizan sus acciones».
En el escrito que ha hecho llegar a Eduardo Torres-Dulce, Manos Limpias cita como precedente las diligencias que se instruye el juez Eloy Velasco por el acoso a los parlamentarios catalanes en julio de 2011.
Para Manos Limpias «es público y notorio» que en todo el territorio nacional se están produciendo una serie de hechos, conocidos vulgarmente con la denominación de «escraches», protagonizados por la denominada Plataforma de Afectados por la Hipoteca» en domicilios de «representantes de la soberanía nacional» que a juicio de este sindicato superan con creces el derecho a la libertad de expresión y manifestación.
Añade la denuncia que «existe un cauce legal que se utilizó por la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca, a través de lo que se conoce como iniciativa popular (más de 1 millón de firmas) y que se encuentra en una fase de estudio por parte de los diversos grupos parlamentarios» y que como apoyo al mismo se están ahora utilizando unos mecanismos que a juicio del Sindicato denunciante inciden en unos presuntos delitos de amenazas y coacciones.
Acoso
Para los denunciantes, la programación y planificación de estos mecanismos de acoso, intimidación a los representantes de la soberanía nacional, la viene efectuando su máxima dirigente, que es Colau, y está acreditado que sus intervenciones en medios de comunicación están marcando las líneas de actuación en los hechos denunciados.
El escrito redunda en que el «comportamiento punitivo» de Colau «entra en permanente confrontación tanto como con la convención de los derechos del niño, como en la declaración de los derechos del niño, ya que gran parte de las víctimas colaterales son los menores que han contemplado, viven y sufren los ataques sufridos en el domicilio de sus padres».
Añade que, «a mayor abundamiento de prueba», en la página web de la referida plataforma y en las redes sociales, la denunciada aparece como la inductora y cooperadora necesaria en los presuntos delitos de coacciones y amenazas; y que se está produciendo un ataque a una de las instituciones básicas de nuestro sistema constitucional y democrático, cual es el poder legislativo y a altas autoridades del Estado (como es el caso de la Vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Consideran igualmente que a tenor de lo preceptuado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia de la investigación de estos hechos corresponde a la Audiencia Nacional.
Fiscalía
Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que la Fiscalía examinará los casos de escrache que se están produciendo atendiendo a la «gravedad» de las circunstancias que en cada situación concurran.
«No, no. Yo no estoy en contra, sino sencillamente de examinar en cada caso la gravedad de las circunstancias y atendiendo a la estructura de los tipos penales», ha contestado Torres-Dulce al ser preguntado por los medios de comunicación sobre si es partidario de prohibir este tipo de actuaciones.
En declaraciones previas a su comparecencia en el Senado para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2011, Torres-Dulce ha afirmado que «se trata fundamentalmente de proteger derechos constitucionales y establecer una relación de proporcionalidad en cada caso concreto». «Ni se puede de alguna forma decir previamente una prohibición ni en modo alguno decir que no tiene una trascendencia», ha señalado.
En relación con la adopción de medidas policiales para proteger a quienes padecen dichos escraches, el fiscal general del Estado ha señalado que se trata de una «decisión estrictamente de política administrativa» y que «le corresponde a los órganos del Ministerio del Interior y de la consejería del Interior de cada comunidad autónoma adoptar las decisiones».
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