AGENCIAS.-El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha negado este domingo que su sindicato haya recibido «cobros irregulares» derivados de la supuesta trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con dinero de la Junta de Andalucía, y ha puesto «a disposición de la Justicia» las cuentas de su organización, que, según ha subrayado, «son públicas y transparentes», para demostrar esa afirmación.
Además, en una rueda de prensa en Sevilla junto al secretario de Acción Sindical en la Ejecutiva Confederal de UGT, Toni Ferrer, Pastrana ha defendido la «contundente» actuación que, en su opinión, ha desarrollado su organización «desde que tuvo conocimiento del inicio de la instrucción de este caso», yendo «por delante de la Justicia y personándose como acusación particular». Por ello, ha querido desmarcar al sindicato de los «intereses espurios de aseguradoras, intermediarios o de aquellos que han aprovechado esta situación para lucrarse personalmente».
Pastrana ha querido salir así al paso del auto emitido por la juez que se encarga de la instrucción de este caso, Mercedes Alaya, después de tomar declaración al exdirector general de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín, para el que ha decretado su ingreso en prisión, en el que señala que esté «pagó» 4.291.384,10 euros a «los entornos» de los sindicatos UGT y CCOO procedentes de las ‘sobrecomisiones’ «pactadas» con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los referidos ERE.
Sin embargo, el líder de UGT en Andalucía ha aseverado que su sindicato «no ha cobrado ni legal ni ilegalmente ninguna cantidad que se aproxime a esa cifra», por lo que «no se sabe de dónde» sale esa cantidad, que «no tiene ni remotamente relación con los distintos organismos de la UGT que han intervenido en el tema de los ERE», ha insistido.
Trama corrupta
Por su parte, el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha aseverado este domingo que su sindicato «no tiene absolutamente nada que ver con ninguna trama corrupta» derivada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente irregulares financiados con dinero de la Junta de Andalucía, si bien la dirección confederal se plantea reabrir una comisión interna de investigación creada en abril de 2011 a propósito de este caso para imprimir una «mayor transparencia» a la actuación del sindicato en este caso.
Así lo ha adelantado en una rueda de prensa en Sevilla el secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, que, acompañado del líder de la organización en Andalucía, ha explicado que el sindicato reabriría esa comisión «si aparecen nuevos datos distintos a los que motivaron su apertura», si bien ha querido dejar claro que CCOO es «una organización con paredes de cristal» y «una trayectoria intachable» que «no tiene nada que ocultar».
Sin embargo, Lezcano ha señalado que, a raíz de las últimas declaraciones judiciales realizadas ante la juez Alaya han salido «nuevas informaciones y nuevos nombres» que no se conocían cuando, en abril de 2011, la organización puso en marcha la referida comisión interna de investigación, de ahí que el sindicato se plantee ahora su reapertura, porque «es la primera interesada en obtener explicaciones» y quiere «esclarecer» la labor del sindicato.
Por eso, ha anunciado que CCOO será «absolutamente implacable» tanto contra quienes «pretendan mancillar el buen nombre del sindicato» como contra aquellos miembros de la organización cuyo comportamiento «no se hubiera atenido a las reglas o procedimientos de juego» de CCOO.
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