Siempre nos hemos pronunciado a favor de la defensa de la vida en todas sus facetas, pues creemos que todas las edades del hombre y la mujer son igualmente protegibles, si bien la niñez, clave en el proceso de formación de la persona, es un momento clave y especialmente delicado.
El pleno desarrollo de los ciudadanos del mañana nos mueve con la misma intensidad que la defensa del trabajador, o el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones, por lo que nos congratula comprobar que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas estemos de acuerdo en principios esenciales como la integridad de los derechos del menor.
Así lo evidencia la aprobación unánime esta semana, en el Pleno del Senado, de una moción del Grupo Parlamentario Popular, consensuada con todos los partidos, por la que pedimos al Gobierno de España que adopte todas las medidas necesarias para prevenir y perseguir la pederastia, y paliar sus efectos.
Nuestro deseo es implicar a los Ministerios de Sanidad y Justicia en reforzar las estrategias de actuación expresadas en el III Plan de Acción contra la explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia 2010-2013. Es un hecho. Si endurecer el castigo penal es imprescindible, más aun lo es detectar, prevenir y protocolizar signos de alarma que nos permitan erradicar este problema. El pasado año se presentaron más de 3.500 denuncias por presuntos abusos sexuales a menores, de las cuales, en la mayor parte de los casos, la víctima conocía al pederasta.
Alabamos en nuestra exposición métodos como la regla de Kiko, sistema de detección temprana avalado por la Diócesis Nivariense, en consonancia con la Unión Europea y el trabajo realizado por iniciativas como el Frente Cívico contra la Pederastia, con el que nos sentimos plenamente identificados, pues ante esta situación solo cabe afrontar el problema e intensificar nuestros esfuerzos para erradicarlo.
Pretendemos dar validez legal a la llamada prueba preconstituida, como un mecanismo básico para minimizar la exposición de la víctima al proceso de rememoración de los abusos. El drama muchas veces no concluye con la denuncia, sino que ahí se inicia un “calvario” judicial salpicado de recuerdos imposibles de controlar.
Es preciso, igualmente, luchar contra la apología de la pederastia, a través de leyes cuyos límites determinen los legisladores y que mitiguen las manifestaciones públicas que inciten, hagan alarde o promuevan la comisión de estos execrables delitos.
Para evitar la reincidencia, defendemos que se habilite un registro de condena para sentenciados que, con las debidas garantías de privacidad, permita aportar conocimiento pleno a centros docentes y similares. Abogamos, de hecho, por un endurecimiento de las penas de prisión para pederastas reincidentes y no reinsertados, con el objetivo no solo de proteger al afectado, sino de perseguir al delincuente. De ahí la necesidad de promover un reflexivo debate sobre posibles reformas en el vigente Código Penal, no solo respecto a las penas, sino también a sensu contrario, para salvaguardar el principio de presunción de inocencia que evite a los procesados el uso torticero de falsas acusaciones y juicios mediáticos paralelos.
Por último, y dentro de la esfera del Ministerio de Asuntos Sociales, Sanidad e Igualdad, queremos dar vía libre este mismo año al IV Plan de Acción Contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia 2014-2017, considerando las competencias autonómicas en este ámbito, y previendo en los próximos Presupuestos Generales del Estado los recursos destinados a terapia para personas agresoras, así como las destinadas a medidas penales alternativas para menores.
En nuestra defensa de esta iniciativa agradecimos a los grupos el consenso logrado, en la línea del acuerdo que también se dio en su momento en el Cabildo Insular de Tenerife. Se trata de una moción sin precedentes, carente de todo contenido ideológico que busca divulgar, visualizar, prevenir y tratar las salidas a esta lacra social, con un claro mensaje: Tolerancia cero hacia la pederastia.
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