AGENCIAS.-Las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Canarias y Asturias han rechazado durante la Conferencia Sectorial de Educación el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la memoria económica presentada por el Ministerio para sufragar los costes directos de implantación durante los tres primeros años, porque la consideran «inviable».
La viceconsejera canaria de Educación y Universidades, Manuela de Armas, ha señalado que la reforma no es «ni conveniente ni oportuna» ya que se está intentando desarrollar en un momento económico «que no favorece en absoluto».
«Dudamos de cómo podemos poner en marcha una reforma sin tener una economía suficiente. Nunca en la historia de España ha habido una reforma en momentos de recesión económica. Ha sido siempre en momentos álgidos cuando tenemos recursos suficientes», ha recordado.
En este sentido, ha señalado que el hecho de desarrollarla en este momento es un «hándicap». «Yo creo que España no necesita una reforma estructural, si acaso una reforma de mejora, pero así todo, nos preocupa la parte económica, que no sabemos como vamos a atender», ha advertido, para añadir que la comisión que se va a crear para analizar este asunto deberá hacer un «estudio serio y de fondo».
Por su parte, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han repetido que la reforma es necesaria y han valorado positivamente la memoria económica del gobierno, aunque reclamando un margen de mejora para la financiación.
Esta reunión sectorial se producía mientras miles de alumnos, profesores y padres, 40.000 según el Sindicato de Estudiantes y más de 1.500 según la policía situada frente al Ministerio de Educación, se manifestaban este jueves contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como ‘Ley Wert’, y para pedir la dimisión del ministro José Ignacio Wert así como del Gobierno.
Acuerdo para la financiación
Mientras, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha acordado con las comunidades autónomas crear un grupo de trabajo, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, para calcular el impacto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y revisar los criterios de financiación del servicio educativo que tienen que asumir las comunidades autónomas como consecuencia de cambios demográficos, entre otros.
Así lo ha indicado el ministro en la rueda de prensa posterior a la última reunión monográfica con los consejeros de Educación de las comunidades autónomas para analizar el proyecto normativo, que este jueves ha tenido como objetivo la discusión sobre la memoria económica. «Este grupo de trabajo reportará a la Conferencia Sectorial su análisis y ésta hará partícipe al Comité de Evaluación Permanente del Consejo de Política Fiscal y Financiera las reglas nuevas del cálculo de costes del sistema educativo», ha explicado.
El trabajo de esta comisión mixta no impedirá el desarrollo de la LOMCE, que acaba este jueves su periodo prelegislativo previo al envío del texto al Consejo de Estado, que será el ultimo trámite antes de la aprobación por el Consejo de Ministros. Posteriormente, el proyecto de ley pasará al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación parlamentaria.
Wert ha celebrado que el anteproyecto normativo ha salido adelante con el apoyo de doce comunidades autónomas -las gobernadas por el PP–, que, según ha dicho, se han manifestado «en sentido favorable» a su memoria económica, y ha reconocido que otras cinco -Andalucía, Canarias, País Vasco, Asturias y Cataluña– se han mostrado contrarias al sistema de financiación «por el mismo tipo de desacuerdo ideológico» al contenido del texto.
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