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Canarias, satisfecha con que la Ley de Dependencia priorice los servicios profesionales

AGENCIAS.-La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Inés Rojas, se ha mostrado satisfecha con que la Ley de Dependencia del Ministerio de Sanidad priorice los servicios profesionales al cuidado familiar.

Así lo ha expresado Rojas en declaraciones a los medios de comunicación en un descanso de la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que se celebró ayer en la sede del Ministerio en Madrid y que está presidido por la titular de la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Según ha explicado Rojas, en el encuentro se ha tratado un «debate importante» sobre el hecho de que la Ley de Dependencia «prioriza los servicios y cataloga como excepcional la prestación económica en el cuidado del entorno familiar». Así, lo que ha hecho el Consejo es ir»endurecimiento cada vez más» la posibilidad de acceso a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

Rojas ha insistido en que «se está pidiendo para esa exepcionalidad»cosas como que la persona que pretende ser la cuidadora debe «demostrar» que ha estado cuidando del dependiente «por lo menos con un año de antelación a haber solicitado la prestación» y además debe comprometerse «formalmente» a cuidar a la persona.

«Nosotros desde Canarias siempre hemos estado de acuerdo en el espíritu de la Ley, en priorizar servicios porque entendemos que es una atención de calidad más importante para la persona dependiente, genera empleo cualificado, hace compatible la vida laboral y familiar de la familia y además nos desvincula en el caso del servicio del centro de día, a la persona dependiente de la familia. Creo que tiene muchos beneficios», ha argumentado.

Finalmente, ha considerado «positivo» el que se haya elaborado un catálogo de servicios sociales «sin invadir competencias de las comunidades autónomas» porque ve necesario el tener un mínimo marco de referencia para todas las regiones.

Plazo para las CC AA

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado seis meses de plazo a las comunidades autónomas para que actualicen sus datos sobre los dependientes y prestaciones otorgadas, entre otros datos, para evitar el fraude, tal y como detecta un informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia entre 2007 y 2011.

Esta es una de las principales conclusiones del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado ayer miércoles en Madrid, el día en que se ha conocido el documento preliminar del Tribunal de Cuentas que alerta de que había 29.169 personas que, habiendo fallecido, se encontraban indebidamente incluidas como beneficiarias de las prestaciones de la Ley de Dependencia, y por las que las comunidades recibieron un total de 140,3 millones de euros. Según el informe, este importe fue recuperado por el Imserso.

«Hemos planteado una mayor transparencia en el sistema de dependencia, que se ha puesto en cuestión con el informe. Tratamos de tener unas certificaciones con las que se sepa en qué y para qué se utiliza el dinero de la dependencia y elaborar en seis meses los parámetros y los requisitos que deben enviar las comunidades autónomas al IMSERSO para hacer un seguimiento de a dónde van los fondos públicos», ha aseverado la ministra.

El documento desglosa los dependientes fallecidos que formaban parte del sistema en cada una de las comunidades autónomas: Andalucía (4.194 personas); Aragón (2.857); Asturias (1.067); Baleares (6); Canarias (197); Cantabria (1.010); Castilla y León (4.105); Castilla-La Mancha (724); Cataluña (1.959); Comunidad Valenciana (1.330); Extremadura (357), Galicia (3.389); Madrid (2.647); Murcia (633); Navarra (1.191); País Vasco (3.444).

Asimismo, entre los principales acuerdos, Mato ha destacado la unificación, «en beneficio de una tramitación más ágil», de toda la normativa sobre las prestaciones del Sistema de Dependencia. De esta forma, quedarán recogidas en un mismo decreto los servicios, prestaciones por grado de dependencia, traslados de beneficiarios entre comunidades autónomas, incompatibilidades, reintegro de las prestaciones, entre otras.

Ante las críticas de algunas comunidades autonomías gobernadas por el PSOE por el nuevo sistema de datos que les exige el Gobierno, que consideran que va a paralizar el desarrollo de la ley, y se va a tender a la privatización, con la unificación normativa, la ministra ha negado de forma tajante que esa sea la intención de su departamento. «El PSOE siempre habla de privatización cuando se habla de mejorar la gestión. El tiempo nos dará la razón cuando se compruebe que se mejora la atención a los dependientes», ha aseverado.

Sobre la gestión realizada por su departamento del Sistema de Dependencia en 2012, Mato ha señalado que el ejercicio acabó con la reducción de un 23 por ciento de la lista de espera, en más de 75.000 dependientes. Al mismo tiempo, ha celebrado que se han cuantificado más altas que bajas (129.000 por 110.000) y un 94 por ciento de las solicitudes que se cursaron fueron valoradas. «Estos datos muestran un modelo más sostenible y accesible para el usuario», ha apostillado.

Pobreza infantil

El Plan de Acción para la inclusión social, con medidas específicas para la lucha contra la pobreza infantil, anunciado el pasado mes de octubre por el Gobierno, cuenta ya con el visto bueno del Consejo Territorial, y será aprobado a mitad de año, tal y como ha informado la ministra, que ha indicado que «el objetivo no es otro que mejorar la situación de las personas en riesgo de pobreza y alcanzar el bienestar infantil».

Otro de los acuerdos de este miércoles con las comunidades autónomas ha sido la configuración de un Catálogo de referencia de Servicios Sociales, como el que actualmente existe en Sanidad. Se trata de una recomendación a las comunidades autónomas, no de una norma con rango legal. Con esta medida, el ministerio pretende un «mapa» de los servicios sociales de que han de dispensarse en todos los territorios del Estado.

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