AGENCIAS.- La Federación Canaria de Municipios (Fecam) se ha mostrado «completamente de acuerdo» con las propuestas que se están realizando en relación con la modificación de la Ley de Base de Régimen Local, pero considera que los mismos parámetros que se están adoptando para los ayuntamientos se han de llevar a cabo en todas las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico e incluso en diputaciones y cabildos.
A través de una nota, la Fecam ha señalado que ya en 2005 recomendó que el sueldo de los alcaldes y del resto de los cargos públicos de la administración estatal y autonómica debían ajustarse. De hecho, ha explicado que hizo llegar a la FEMP un informe que viene sirviendo de guía en las negociaciones que se están llevando a cabo con el Gobierno para actualizar esta norma básica.
La Federación ha indicado que las medidas que se están debatiendo supondrían un ahorro importante para las cuentas públicas, y ve necesario una revisión de la estructura administrativa en el que deben abordarse no sólo la rebaja de los sueldos, sino también el ámbito competencial para evitar duplicidades y trámites burocráticos que encarezcan los servicios y compliquen a los ciudadanos.
Para la Fecam, estos ajustes no deben crear una imagen de los ayuntamientos como los culpables de la crisis, pues además de ser las administraciones más cercanas a los ciudadanos, son también las que menos déficit mantienen, ya que del total de la deuda española sólo el 3,3 por ciento corresponde a las corporaciones municipales.
Celebra, además, que los pasos que se están siguiendo hacia la reforma de esta Ley se consigan a base de consenso no sólo entre las propias administraciones públicas, sino también entre las principales fuerzas políticas, algo que «redundará en un buen acuerdo, duradero en el tiempo, que modernizará a estas instituciones», resaltó.
La Federación también apuesta por reducir la contratación de personal eventual destinados a cargos de confianza en las administraciones locales, pero entiende que esta medida debe extenderse a todos los niveles de la administración pública para alcanzar los objetivos de ahorro y control que pretende la modificación legislativa.
La Fecam apunta igualmente que los criterios generales que a nivel estatal se lleven a cabo en la reforma de la Ley deben tener en cuenta las singularidades de los 88 ayuntamientos de Canarias, que «desde siempre han contado con unas peculiaridades concretas basadas principalmente en su ubicación geográfica insular o incluso de doble insularidad en muchos de los casos».
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