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La FEMP pide que no sólo se rebaje el sueldo de los alcaldes

AGENCIAS.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, se ha mostrado a favor de que «se establezcan también medidas y análisis» y se abran debates sobre las retribuciones salariales que perciben los cargos de las diferentes administraciones públicas y no sólo de los alcaldes.

«Me parece que no deberían ser los alcaldes la excepción», ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press, al hilo de la negociación que el Gobierno, el PSOE y la FEMP están llevando a cabo para reformar la Administración Local. En su opinión, no cree que la reducción de los salarios de los regidores municipales, que el Ejecutivo pretende sacar adelante previsiblemente este mes si llega a un acuerdo, «sea la cuestión en donde realmente reside el grueso ni muchísimo menos la solución a los problemas económicos».

En este sentido, De la Serna ha recordado que «hay muchísimos alcaldes que no reciben retribución ninguna», al tiempo que ha «lamentado» que,»dada la trascendencia real que tiene este asunto en el conjunto de la mejora de la economía del país, sea uno de los debates principales» en lo que se refiere a la reforma de las Administraciones Públicas. «No es en este asunto donde realmente se puede conseguir ni ahorro ni eficiencia en el sector público», ha sentenciado.

«Nosotros hemos manifestado que es una cuestión más vinculada a la imagen y a una propuesta de carácter ejemplarizante. Se puede hacer una revisión en función de los baremos, y en eso estamos, pero también es cierto que si ahora está encima de la mesa cuál tiene que ser el sueldo de un alcalde, parece lógico que si la reforma se está haciendo sobre el conjunto de las administraciones, se establezcan debates sobre otras administraciones en relación a la retribución salarial», ha explicado.

Sin acuerdo

Preguntado sobre cuál es la fórmula en la que se estaría trabajando para llevar a cabo la regulación del sueldo de alcaldes y concejales, y sobre si se podría establecer un límite de alrededor de 68.000 euros –lo que percibe un secretario de Estado– para los regidores de las grandes ciudades, De la Serna se ha mostrado cauto y ha rechazado valorar esta posibilidad.

«Todavía no hay acuerdo en relación a la homologación, y el acuerdo que existe es que se va a intentar buscar un pacto del Gobierno con la Federación. En ello se está trabajando también intensamente por parte del PP y del PSOE», ha señalado, para añadir que, por todo ello, «todavía es muy pronto para hacer una valoración».

Tampoco ha querido pronunciarse sobre cuál es el porcentaje de reducción de concejales con el que trabaja el Gobierno ya que, al igual que la anterior, es una cuestión todavía «abierta» que sigue siendo objeto de debate. «No hay nada cerrado. En cualquier caso, tampoco tiene que ser un porcentaje lineal sino que puede ser un porcentaje dependiendo del municipio o del número de habitantes», ha explicado.

De este modo, ha aclarado que dicha regulación no se hará en ningún caso»de manera partidista» sino analizando «cuál es la realidad municipal y cuál es el efecto en su conjunto para el país». No obstante, ha matizado que, al igual que la reducción del sueldo de alcaldes, se trata más de una cuestión «de la imagen que se traslada a la sociedad, a los mercados y a Europa».

Según ha confirmado el también alcalde de Santander, ninguna de estas dos cuestiones figura por el momento en los documentos que ha elaborado el Gobierno en el marco de las negociaciones con la FEMP y en PSOE para reformar la ley de Bases del Régimen Local.

No obstante, sí ha reconocido, al menos en el caso de la regulación de los salarios, que aunque por el momento no esté «previsto», ello no quiere decir que «finalmente no forme parte de este proceso». Asimismo, ha recordado que será en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en la que se trate el asunto de la reducción de concejales de cara a las próximas elecciones municipales.

Aunque finalmente no se incluyan estas dos cuestiones en el texto del anteproyecto de la reforma local, De la Serna ha avanzado que sí que existe la intención de que ambos acuerdos se presenten junto con la nueva ley de Bases del Régimen Local este mes de enero. «Como la negociación se está haciendo de forma conjunta sobre las tres cuestiones, si es cierto que pudiera realizarse algún tipo de comunicación o de presentación ya de los acuerdos», ha apuntado.

«Si se llega a un acuerdo es probable que se presente todo», ha señalado, para insistir en que la fecha que se baraja para la presentación de la reforma local es el mes de enero, «para el inicio de la tramitación administrativa». «Las reuniones se han intensificado. Se ha acelerado el proceso», ha confirmado.

Autonomía

Una de las cuestiones que se debaten en dichos encuentros y que más recelo ha creado en los Ayuntamientos es la referida a la posibilidad de modificar la designación así como las funciones de los interventores municipales que controlan la administración pública local, sobre todo en lo que al segundo aspecto se refiere, más «complejo y problemático».

Según de la Serna, este tema «preocupa» a los Ayuntamientos puesto que el hecho de que se establezcan «nuevos mecanismos o nuevas potestades para estos cargos» podría poner en peligro «un objetivo claro establecido en la Constitución, que es la propia autonomía local».

«Que el cargo pase a depender del Estado no tiene tanta importancia como que el cargo ejerza unas funciones nuevas, de control de supervisión que pudieran supervisar esa autonomía local. Eso es lo que desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista político más preocupa a los Ayuntamientos», ha manifestado.

Por otra parte, ha negado que en los documentos sobre los que se está trabajando esté incluida la eliminación de las mancomunidades «por que sí», para explicar que lo que se ha planteado hasta el momento es que estos organismos se sometan, al igual que los municipios, a los procesos de control para analizar su viabilidad. De este modo, sólo se suprimirían aquellos que»no sean sostenibles desde el punto de vista financiero y que no aborden ese proceso de adelgazamiento».

En cuanto al reparto de competencias que se regulará en la nueva ley y el catálogo de servicios públicos que se le adjudicará a los Ayuntamientos para evitar duplicidades y suprimir competencias impropias, De la Serna ha apuntado que está cuestión, la cual considera «uno de los núcleos principales de la negociación», también está todavía abierta, si bien ha señalado que se han producido «avances muy importantes».

No obstante, sí ha confirmado que el texto recogerá una fórmula que garantice que aquellos servicios que realicen los Ayuntamientos a petición de las Comunidades Autónomas mediante la firma de convenios serán financiados al cien por cien y tendrán «cierta estabilidad en el tiempo». «Es un salto cualitativo, de los más importantes», ha valorado, para añadir que esta cuestión queda «perfectamente resuelta en el marco de la ley».

«Hoy en día cuando celebramos un convenio con una Comunidad no tenemos garantía de estabilidad, no sabemos si al año siguiente va a poder cerrar un convenio similar y no sabemos si la aportación que se hace es sobre un porcentaje o sobre el conjunto, con lo cual el Ayuntamiento tiene que buscar recursos donde no los hay», ha denunciado.

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