AGENCIAS.-El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores, informaron fuentes jurídicas.
La fianza impuesta a Díaz Ferrán, que se ha adoptado en contra del criterio del fiscal Daniel Campos, que ha solicitado su ingreso en prisión incondicional, iguala a la más alta impuesta por un juez en España, que fue la que se decretó en 1999 al empresario Javier de la Rosa por el ‘caso Torras’.
Velasco, que instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, imputa al expresidente de la patronal los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.
Durante su declaración, que se ha prolongado durante 45 minutos, Díaz Ferrán ha negado todas las acusaciones que se le imputan y, en la misma línea de su anterior comparecencia en esta causa, ha señalado que las labores ejecutivas y el día a día de la organización correspondían a su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado.
También ha señalado que vendió al empresario Ángel de Cabo las empresas del Grupo Marsans a través de la sociedad Posibilitum porque éstas se encontraban «en crisis». Según las citadas fuentes, Díaz Ferrán ha asegurado que a partir de esta transacción perdió el control de sus empresas, por lo que no conoce las operaciones realizadas por De Cabo.
El primero en comparecer ante el juez ha sido Antonio García, presunto testaferro del empresario Ángel de Cabo, que apenas ha estado unos minutos en el despacho del juez al acogerse a su derecho de no declarar. De Cabo compró Marsans en 2010 a través de la empresa Posibilitum para desmantelar su patrimonio y evitar posibles embargos.
También está prevista este miércoles la declaración de Ángel de Cabo, su colaborador Iván Losada Castell, consejero delegado de Nueva Rumasa; la secretaria de este último, Susana Mora; y Teodoro Garrido, cuñado de De Cabo. Los otros tres detenidos son Rafael Tormo, Carmelo José Estellez Giménez y José Enrique Pardo Manrique.
Paraísos fiscales
El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, que falleció en junio pasado, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir el patrimonio de Marsans a paraísos fiscales y no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros. Velasco ya ha ordenado el bloqueo de 50 millones de euros en metálico y en cheques al portador.
Para investigar el rastro de estas posibles transacciones financieras y determinar si los detenidos tienen activos inmobiliarios en el extranjero, se han cursado comisiones rogatorias a Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia. De igual modo, se estudia si Díaz Ferrán y Pascual llevaron a cabo la cesión ficticia de bienes muebles a Posibilitum.
Los investigadores también creen que Díaz Ferrán trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York por los que pagó, respectivamente, 7,8 y 2,7 millones de dólares; un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate de 27 metros de eslora llamado ‘Leuqar’ –Raquel al revés, nombre de la esposa de Díaz Ferrán, Raquel Santamaría–. El 5 de junio pasado el juez Velasco ordenó el bloqueo del yate, que estaba atracado en el puerto de Barcelona, para evitar un intento de traslado de la embarcación fuera del territorio de la Unión Europea (UE).
Además, Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, habría donado antes de morir a sus cuatro hijos sus participaciones empresariales en tres empresas propietarias de varias fincas de caza en Toledo.
Los denunciantes acusaban a Díaz Ferrán y su socio de llevar a cabo «un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales con la finalidad de intentar eludir sus innumerables e importantísimas obligaciones de pago con respecto a sus acreedores».
En el domicilio del expresidente de la patronal la Policía encontró un kilo de oro y 150.000 euros en metálico. Según la cotización actual del oro, la cantidad de ese metal precioso estaría valorada en torno a los 60.000 euros. Además, los agentes intervinieron varios coches de alta gama.
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