FIRMAS Juan Velarde

La sordera de Grecasa. Por Juan Velarde

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¿Se imaginan ustedes que una empresa piensa despedir a personal porque tiene que hacer frente a unos recortes pero al mismo tiempo, por la puerta trasera, inicia un proceso de contratación? Blanco y en botella, ustedes pensarían que el empresario de turno querría ahorrarse costes contratando a un precio menor. Pues bien, trasladen esta reflexión al sector público y concretamente a la empresa canaria Grecasa, un ente de recaudación de tributos.

El caso es que muchos trabajadores están con la mosca detrás de la oreja ya que después de que el pasado día 16 de noviembre de 2012 se publicara en varios medios de comunicación, que el Gobierno de Canarias retiraba la oferta pública de empleo llevada a cabo por la empresa pública Grecasa, esta empresa dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda comienza el proceso de selección

 Esta empresa va a llevar a cabo la primera prueba del proceso de selección el próximo sábado día 1 de diciembre de 2012 y por lo tanto desoye los reiterados anuncios del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) , que denunciaban esta irregularidad, ya que incumple el Artículo 59 de la Ley de Presupuestos para Canarias, que prohíbe las nuevas contrataciones públicas.

Grecasa es una empresa pública dedicada a la prestación de los servicios de recaudación que anunció, y ejerció, la potestad de eliminar puestos de trabajo, indicando que la reducción de los presupuestos les afectaba y afectaba al número de empleos. Sin embargo, mientras, por un lado despide, por otro convoca nuevas plazas para cubrir diferentes puestos. La incongruencia y la falta de gestión es más que evidente, afirma el sindicato.

Grecasa anunció en el Boletín Oficial de Canarias cuatro días antes de que el consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, avanzara en el pleno parlamentario duras medidas para los empleados públicos en 2013. Entre ellas, y durante el debate parlamentario, Spínola dijo que no se renovarán contratos temporales, no se cubrirán muchas jubilaciones y no se promoverán ofertas de empleo público. «El Gobierno actúa con coherencia. Tiene una política en Función Pública para toda la Administración, organismos autónomos y empresas públicas», remarcó el consejero de Presidencia tras el pleno.

«La política del Ejecutivo no es crear empleo para las empresas públicas, por tanto no va a haber contrataciones en ninguna de ellas, incluida Grecasa», advirtió el señor Spínola. Grecasa, sin embargo, prosigue con la convocatoria dado que a partir del 1 de enero de 2013, se prevee que la Administración de Tributos Cedidos de Santa Cruz y Las Palmas asumirán las funciones de la gestión de los impuestos que hasta el 31/12/12 tienen encomendadas las Oficinas Tributarias Comarcales, y contarán con Grecasa para la realización de funciones materiales de apoyo para la gestión de éstas administraciones (Tributos Cedidos), que venían desarrollando las Oficinas Comarcales que gestionaban los Impuestos Cedidos a las Comunidades Autónoma.

Estas oficinas dependían de los Registradores de la Propiedad y gestionaban tanto el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, registro de entrada dependiendo de la Dirección General de Tributos, lugar de presentación de los modelos tributarios de IGIC, emisión de certificados tributarios, emisión de informes previos de valoración, información, recogida, presentación, grabación y escaneo de autoliquidaciones y declaraciones de IGIC.

Es difícil entender que en la época que estamos viviendo y con la solicitud por parte del Ejecutivo canario del rescate financiero, sean capaces de experimentar desprendiéndose de dichos órganos de gestión y encomendárselo a una empresa que nunca ha realizado dicha labor. Sobre todo contando con los datos que están sobre la mesa que estas oficinas proporcionaban a la Administración Autonómica aproximadamente 90 millones de euros de ingresos por liquidaciones provisionales, cuando el coste no supera los 10 millones de euros, contando que se incluyen los gastos de personal, locales, medios materiales y gastos de oficinas de presentación en cada registro de la propiedad, además de prestar un servicio de atención al contribuyente en sus sedes, que se desconoce si va a ser prestado por la nueva Agencia Tributaria.

Es todavía más sangrante el dato, si lo comparamos con los escasos 6 millones de euros que han sido generados por la Administración de Tributos Cedidos de Santa Cruz y Las Palmas, que solo se encargan de la gestión de los impuestos de los municipios de Santa Cruz y Las Palmas.

Esta decisión del Ejecutivo canario, parece tomada desde punto de vista caprichoso y pretencioso más que con criterios de rentabilidad. Con los datos en la mano es impensable que se pueda eliminar aquellos órganos que están produciendo rentabilidad con un coste mínimo, y además que pase a ser realizada su labor por esta Administración de Tributos Cedidos con el apoyo material de las personas que Grecasa va a contratar, una empresa que nunca ha gestionado dichos tributos, siendo evidente que el mantenimiento de los ingresos públicos es una cuestión fundamental con la que no se debe experimentar.

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