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El Gobierno de Canarias inicia acciones jurídicas por el incumplimiento del Convenio de Carreteras

AGENCIAS.-El Gobierno de Canarias ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Administración General del Estado por el trato «discriminatorio» dispensado a la Comunidad Autónoma, al reducir «de forma unilateral y sin negociación previa» su aportación al Convenio de Carreteras en el año 2012 desde los 207 millones de euros previstos a 68,45 millones.

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha señalado que ya el pasado 11 de octubre el Consejo de Gobierno acordó requerir al Estado a que cumpliese los compromisos firmados en la Adenda al Convenio de Carreteras del año 2009, por la que a Canarias le correspondía una inversión en carreteras de 207 millones de euros para el presente ejercicio.

En este sentido, ha añadido que el pasado 30 de octubre, se recibió la transferencia de fondos estatales correspondiente a la partida mencionada por una cuantía de 68,45 millones de euros, lo que representa un 67 por ciento menos de lo acordado.

Ante este incumplimiento, el Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado en su reunión de hoy dictar las instrucciones precisas para que la Dirección General de los Servicios Jurídicos inicie cuantas acciones jurídicas sean necesarias, para que la Administración General del Estado cumpla sus compromisos «no verbales ni políticos, sino legales» con las islas.

Para el Ejecutivo canario, tal y como indicó Marrero, la decisión del Estado «no se corresponde con una política general de recortes, sino con un trato consciente y plenamente discriminatorio a la Comunidad Autónoma, toda vez que el Gobierno central, en sus presupuestos de este año en materia de infraestructuras viarias y ferrocarriles, lejos de reducir la partida global, la incrementó al tiempo que asumía nuevos compromisos, como el AVE a Galicia, a costa de incumplir obligaciones ya adquiridas, como es el caso del Convenio de Carreteras firmado con la Comunidad Autónoma».

Inversiones estatales

Marrero, por lo tanto, considera que el «desorbitado» recorte de la partida para Canarias «no se justifica por una situación económica sobrevenida, sino por una elección de prioridades de las inversiones estatales en la que Canarias resulta claramente discriminada, una situación que se acentuará en el año 2013 y ahonda en la discriminación, al consignar sólo 54 millones de euros para el convenio canario, cuando la partida prevista se elevaba hasta los 207 millones de euros».

El recorte ya consolidado del 67 por ciento de los fondos para este ejercicio y el previsto del 73 por ciento en 2013, suponen que el Estado dejará de invertir en Canarias más de 291 millones de euros correspondientes a un convenio firmado, de ahí la decisión del Ejecutivo.

El portavoz ha dicho también que a estas alturas, cualquier modificación en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado respecto al Convenio de Carreteras sería «un milagro», por lo que ve «casi imposible» que se pueda ampliar la partida a los 207 millones de euros que están firmados entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias.

Respecto a la afección que esta reducción puede producir en las empresas, Martín Marrero entiende que la responsabilidad recae en la Administración del Estado, en tanto en cuanto el Gobierno de Canarias adjudicó diferentes obras que se están ejecutando en las islas «en función de la certeza jurídica que se deriva de un convenio firmado entre dos administraciones». Por tanto, ha añadido que no se puede cumplir lo previsto en esas adjudicaciones, considera que el Ejecutivo autonómico no tendría ninguna responsabilidad.

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