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Desmantelada en Barcelona, Girona y Castellón una trama de contratos de trabajo fraudulentos

Agencias.-La Policía Nacional han desmantelado en Barcelona, Girona y Castellón una trama de contratos de trabajo fraudulentos con los que obtener prestaciones por desempleo. A partir de la constitución de empresas ficticias a nombre de terceros, los responsables facilitaban por 500 euros la documentación necesaria para que ciudadanos extranjeros solicitaran o renovaran permisos de trabajo y residencia, así como acumular los mínimos plazos de carencia establecidos para obtener subsidios por desempleo. Se ha detenido a un total de 48 personas que habrían ocasionado un fraude de 300.000 euros a las arcas del Estado.

Consecuencia directa de la macrooperación que la Policía Nacional llevó a cabo a mediados del presente año contra el fraude en las prestaciones y subsidios por desempleo, en la que se detuvieron a 150 personas e imputado a otras 277, la información obtenida ha permitido la detención de otras 48 personas en diversas localidades de las provincias de Barcelona (39), Girona (1) y Castellón (8).

Empresas totalmente inexistentes

La trama disponía de un grupo de 30 empresas ficticias y sin actividad laboral real, constituidas a nombres de «testaferros» procedentes de sectores marginales y de exclusión social. A través de ellas se presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles, pero sin cumplir la obligación legal de cotizar por sus seguros sociales. Los contratos de trabajo fraudulentos eran ofrecidos a ciudadanos extranjeros a cambio de 500 euros, lo que les permitía solicitar o renovar el Permiso de Trabajo y Residencia. En muchos casos, el fraude permitía a los «trabajadores» acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o completarlos, para obtener las preceptivas prestaciones por desempleo.

La investigación ahora finalizada se salda con la detención de un total de 48 personas, 42 de ellas de origen marroquí y el resto de diferentes nacionalidades, todas ellas en situación administrativa totalmente regular, a quienes se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental, estafa y contra la Seguridad Social. El fraude ocasionado a las arcas públicas asciende a 300.000 euros.

 

 

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