FIRMAS Salvador García

Una dimisión ponderable. Por Salvador García Llanos

En tiempos de desafección hacia la política y los políticos, hay gestos y decisiones que deben se ponderados. Por ejemplo, la dimisión irrevocable presentada por el concejal del PSOE de Fuenlabrada, José Borrás Hernández, a raíz de su detención en una importante operación policial para desmantelar una red china que blanqueaba dinero. El edil ha sido puesto en libertad sin fianza pero con los cargos de cohecho, tráfico de influencias y malversación. Su organización política le ha suspendido de militancia.

La renuncia de Borrás, que sigue gozando de la presunción de inocencia, le honra. Los que clamaron en su día por determinaciones así ya tienen una base que destacar. En situaciones similares, jamás faltaron voces -hablando del principio constitucional con la boca chica- que demandaban un paso más por parte de los afectados. Antes de que fueran encausados o imputados judicialmente, pedían precisamente una dimisión que servía, decían, para una mejor y menos condicionada defensa del presuntamente implicado y para causar menor daño a la organización o siglas que representaba.

Ese es el itinerario que ha seguido el ex edil Borrás que asegura tener la conciencia tranquila. Renuncia al cargo, precisa, por una actitud ética y por respeto al compromiso con la ciudadanía. El alcalde ha hecho un reconocimiento público de su dedicación en distintas responsabilidades municipales. Y el PSOE, en una rápida reacción, decide la suspensión cautelar a la espera de que se desarrolle y concluya el proceso judicial: ya se conocerá entonces la decisión definitiva.

Lo dicho: no es que las iniciativas del ex concejal y de su partido resulten la panacea; no es que las irregularidades en el ejercicio de las responsabilidades públicas y las presuntas corruptelas vayan a desaparecer pero ya es un avance y el primer cimiento de un comportamiento político que ha de ser reconocido. Todos debemos ser conscientes de la importancia que tiene para la cosa pública en general la transparencia y el respeto a las normas. El caso de Fuenlabrada, de sideral dimensión si se tiene presente tanto el volumen de los fondos dinerarios y recursos con los que se traficaba como las ramificaciones en otras actividades mercantiles, aparentemente de forma delictiva, puede -a la espera de resoluciones judiciales- servir de ejemplo, tanto por la eficacia de la operación policial como por las repercusiones políticas, sociales y económicas.

De momento, un cargo público decidió dar un paso al frente. Como no abundan, hay que ponderarlo. Y acordarnos de Demetrio Madrid, aquel presidente socialista de la Junta de Castilla y León, al que obligaron a dimitir por un delito social… ¡que no cometió! Los tribunales le declararon inocente pero aunque su honor quedó restablecido y los ciudadanos le renovaron la confianza para ser diputado a Cortes, ya había perdido la presidencia que su partido, si no estamos equivocados, jamás ha vuelto a recuperar.

Pero, tal como están las cosas, en un contexto de repulsión hacia la política y a quienes se dedican a ella, la decisión de Borrás Hernández es meritoria y digna de encomio. Era una dimisión necesaria. Es un balón de oxígeno, insuficiente sin duda, pero permite albergar esperanzas de que la ética en política no ha muerto del todo.

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