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Canarias busca «fórmulas alternativas» para dar atención sanitaria a los irregulares

AGENCIAS.-La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, ha afirmado este miércoles en el Pleno del Parlamento que el Ejecutivo busca una «fórmula alternativa» para que los inmigrantes irregulares mantengan cobertura sanitaria en las islas ante la reforma sanitaria impulsada por Gobierno central que elimina «equidad» y «universalidad» al sistema sanitario.

   En una comparecencia solicitada por el Grupo Mixto, ha destacado que Canarias aún espera por el cribado de las bases de datos del Ministerio y que se publique la Orden correspondiente al Real Decreto Ley, y ha incidido en que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es quien otorga y retira tarjetas sanitarias.

   Mendoza es consciente de que hay que «vigilar» el gasto sanitario debido al impacto de la crisis pero ha recordado que Canarias está mal financiada por parte del Estado para atender los servicios básicos por lo que el Ejecutivo hace un «gran esfuerzo» por garantizar la prestación.

   Además, ha subrayado las «contradicciones» de los cambios impulsados por el Ministerio y que cada Comunidad Autónoma ha optado por «vías distintas» para dar respuesta a la demanda sanitaria de los inmigrantes irregulares, al tiempo que ha advertido de que habrá que esperar por los recursos presentados por Asturias y Andalucía ante el Tribunal Constitucional (TC).

Listas de espera

   Según Mendoza, cuando entre en vigor el Real Decreto se atenderá aún a personas que siguen en lista de espera, las que tengan un proceso médico abierto o con enfermedades infectocontagiosas. En esa línea, ha alertado de que el nuevo sistema genera un «problema serio» de salud pública y más coste económico al cargar la atención sanitaria a las Urgencias y una posterior hospitalización por no haber tenido una precoz atención médica.

   El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, ha calificado la ley de «barbaridad humanitaria» que persigue recortar gasto público y «pagar la deuda a los bancos». Ha pedido a la consejera que arbitre una «normativa propia» en las islas pese al coste económico y ha destacado que la reforma genera un problema de «prestigio internacional» cuando los españoles y canarios han vuelto a emigrar.

   Por el Grupo Socialista, el diputado Jesús Morera ha calificado el Real Decreto de «detestable» y ha advertido de su «impacto negativo» en la salud pública para conseguir un ahorro económico «poco relevante» que va a afectar a la organización de Urgencias. «No pedimos que incumpla la ley, pero busque fórmulas para que haya atención gratuita a la gente que no tiene prestación», ha comentado.

Privatización

   Marisa Zamora, del Grupo Nacionalista, ha dicho que las reformas sanitarias del PP son «nefastas» porque se pierde «cohesión» y hay una tendencia a la privatización, sin diálogo ni consenso con las Comunidades Autónomas.

   «Han ejecutado medidas estructurales que suponen un cambio de modelo que retrotrae la sanidad a más de 30 años atrás. El sistema está en una agonía que va conducir a la muerte», ha explicado.

   Por el Grupo Popular, Maribel Oñate, ha subrayado que el PP tiene «corazón» pero ha incidido en que el «buenismo» ha llevado a la sanidad a un déficit de más de 16.000 millones. Ha dicho que hay más 900.000 personas que residen fuera de España con tarjeta sanitaria, y ha recordado a Mendoza que hay Comunidades Autónomas que han buscado partidas económicas para las personas que han quedado fuera del sistema.

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