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Canarias presentará un recurso de inconstitucionalidad por invasión de sus competencias por parte del Estado

Elblogoferoz.-El Gobierno de Canarias está realizando un enorme esfuerzo financiero para cubrir con recursos propios el agujero de 70 millones de euros dejado por el Gobierno de España, que no sólo se ha limitado a imponer sus restricciones, sino que además ha estimado el ahorro que podría producirse con ello y ha minorado sus partidas en la correspondiente cantidad. Así lo manifestó hoy en el Parlamento, José Miguel Pérez, vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

Pérez anuncio que el Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por invasión de sus competencias por parte del Gobierno del Estado.

“El Gobierno de España, a través del RDL 14/2012, ha creado un grave problema al conjunto del sistema educativo y, en particular a Canarias. Por este motivo el Gobierno de Canarias ha arbitrado todas las soluciones posibles en su compromiso por la mejora de la educación, la elevación de las tasas de éxito escolar y la reducción del abandono escolar temprano”, dijo el vicepresidente.

Con el fin de reducir o neutralizar el impacto de estas medidas sobre las plantillas docentes y sobre el servicio educativo, José Miguel Pérez, manifestó que el Gobierno canario ha tomado las siguientes decisiones: En cuanto a las ratios, al no ser prescriptivas, se decidió no aplicarlas, lo que ha permitido sostener las condiciones actuales de los centros, alejando el horizonte de hacinamiento escolar, consecuencia de unos espacios diseñados para unas ratios que ahora podría haberse visto incrementadas en un 20%. Además, se eliminó con ello la posibilidad de despedir a más de 2.500 profesores.

La segunda de las medidas es la que requiere de un mayor esfuerzo para neutralizar su impacto, ya que es prescriptiva y, en consecuencia, se ha procedido a aumentar el horario lectivo del profesorado reduciendo el dedicado a la preparación individual de la docencia y conservando y mejorando el dedicado a la coordinación docente.

Según el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, se han implementado varias fórmulas que combinadamente contribuyen a reducir los efectos de esta prescripción, como son: Incremento de los horarios dedicados a tareas de coordinación docente. Ampliación de créditos horarios a los centros de Secundaria en función de su complejidad pedagógica para la atención al alumnado en situación de desventaja educativa. Aumento de la oferta educativa en enseñanzas no obligatorias con el fin de aprovechar el incremento de la demanda educativa y contribuir a la reducción de abandono escolar temprano. Y, por último, reducción de ratios extremas (especialmente en Primaria) y ampliación de desdobles en zonas con desventaja o riesgo alto de exclusión educativa.

“Este conjunto de medidas, explica José Miguel Pérez, ha permitido combinar el cumplimiento de los aspectos prescriptivos de la norma, con la minimización del impacto sobre las plantillas docentes, limitándolo a la no reposición de jubilaciones, y la potenciación de la atención al alumnado en desventaja educativa y al demandante de mayor formación”.

Pérez cuantificó en 51.764.223 euros la reducción de ingresos procedentes del Estado en los PGE del año 2012, que en otros ejercicios económico se ejecutaban en el área de educación a través de diversos Programas de Cooperación.

“Por tanto, de un total de actuaciones en este marco que ascendían a más de 65 millones de euros, al incorporar la financiación autonómica, sólo se ha podido disponer de 24.408.660,91 euros. Cantidad que se reparten: Apoyo enseñanzas y aprendizaje lenguas extranjeras (62.852 euros), Formación continuada de administraciones públicas (97.085 euros), Mejora de bibliotecas escolares (105.056,88 euros), Comedores y desayunos (6.455.109,54 euros) y Obras del antiguo PIEC (17.688.557,49 euros)”, agregó el vicepresidente.

Ley Canaria de Educación

En otro momento de su intervención, José Miguel Pérez, manifestó que disponer de una Ley Canaria de Educación puede ser una buena forma de responder al principal problema de las Islas, el fracaso escolar. Sin embargo, no cree el vicepresidente que ninguna ley pueda contribuir a la resolución de ese problema si no está respaldada por un amplio acuerdo social y político.

“El fracaso escolar, piensa el vicepresidente, es un fenómeno que está vinculado al modo en que históricamente se establecen las condiciones en las que es necesario que los estudiantes adquieran los aprendizajes previamente definidos. La pérdida de equilibrio entre las demandas sociales a los sistema educativos y su capacidad de respuesta genera un círculo vicioso que resulta muy difícil de responder”.

Pérez cree, a la vista de algunos los cambios que ha propuesto el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en su anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa, que se acrecienta la capacidad de dotarnos de un marco normativo propio.

“Creo que el anteproyecto de Ley del Ministerio amenaza seriamente uno de nuestros mayores logros: la equidad en el sistema educativo”, concluye.

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