ACN PRESS.-La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha presentado alegaciones a la propuesta de modificación al borrador de Real Decreto por el que se aprobará el Reglamento de los Procedimientos de Despido Colectivo y de Suspensión de Contratos y Reducción de Jornada que ponen de relieve el rechazo del Ejecutivo regional al espíritu y contenido del texto y defiende la «necesidad de contar con la Autoridad Laboral como garante de los procedimientos regulados».
Gloria Gutiérrez, directora general de Trabajo, ha explicado que todas las alegaciones presentadas hacen especial hincapié en la presencia de la Autoridad Laboral para impedir la existencia de “fraude, dolo, coacción o abuso de derecho” por parte de los empresarios o la propia administración.
“Las medidas impuestas en el caso de las entidades que forman parte del sector público resultan desmesuradas, a juicio de esta Dirección y de ahí, que se cuestione la propuesta del Ministerio de promover un despido colectivo con un descenso del presupuesto del 10%”, ha subrayado Gutiérrez.
Asimismo, ha insistido en que de acuerdo con lo previsto, habría que permitir que la Inspección de Trabajo vele por la efectividad del periodo de consultas, realizando las labores de mediación que sean pertinentes así como informar sobre el contenido de las medidas sociales de acompañamiento que se hayan podido prever así como planes de recolocación externa.
Gloria Gutiérrez ha vuelto ha insistir en que la Reforma Laboral no sólo ha creado más desempleo, sino inseguridad jurídica a los empresarios y el colapso en la jurisdicción social al prescindir de la autorización previa de la Autoridad Laboral. “Por eso nuestras alegaciones exigen al Gobierno del PP que reconsidere la supresión de esta resolución, pues no sólo se velaría por las normas de fondo y forma, sino también sería una medida disuasoria para que el empresario trate de alcanzar un acuerdo”, ha defendido la socialista.
Ha recordado que en el primer semestre se han producido 43 expedientes de regulación más que todo el pasado año, lo que ha supuesta además, 2.500 afectados más en el primer semestre. “Una sociedad en crisis no puede abogar por el despido libre y gratuito”, ha manifestado la directora.
Gloria Gutiérrez, que recalca que las medidas puestas por el Gobierno de España en la Reforma Laboral sólo incrementan el desempleo y perjudican a los colectivos más indefensos (mujeres, discapacitados…), ha recalcado que desde la Dirección general de Trabajo se ha tratado de defender medidas que protejan al trabajador ante una situación de despidos colectivos.
En este punto ha aclarado que a la hora de afrontar un despido colectivo en la Administración Pública se ha de valorar la antigüedad, la selección y el mérito del trabajador. “Lo que no puede ser es que al final se queden en su puesto de trabajo los que han entrado por la puerta de atrás. Es fundamental para garantizar el Estado social contar con la Autoridad Laboral como vigilante y garante de que nadie pueda aprovecharse de la crisis, ni de la ley para hacer machaca y limpia”, ha sentenciado, por último, la directora general de Trabajo.
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