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El PP niega que la UE exija la contratación de residentes canarios como afirma el Gobierno

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ACN PRESS.- El eurodiputado del PP Gabriel Mato ha mostrado su sorpresa y malestar por el anuncio realizado ayer por parte del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, asegurando que la UE ha admitido que se pueda obligar a las empresas adjudicatarias de contratos públicos a contratar a residentes canarios, una información que, según Mato, es «absolutamente incierta y sólo viene a crear confusión y tergiversar la posición de las instituciones europeas en una materia tan delicada».

A través de una nota de prensa, el europarlamentario ha considerado que la actitud del Ejecutivo que preside Paulino Rivero es «especialmente grave» si se tiene en cuenta que durante los últimos años y en varias ocasiones, desde la UE se ha dejado claro que no es posible establecer discriminaciones directas ni indirectas en relación con las contrataciones.

«Volver a incidir en este tema y usar de forma torticera la posición de Bruselas es un acto de grave irresponsabilidad que puede traer consecuencias negativas para Canarias en un momento especialmente delicado y en el que es preciso ser especialmente cautelosos en las relaciones con las instituciones comunitarias», advirtió.

Gabriel Mato ya ha presentado en el Parlamento Europeo una serie de preguntas al Consejo y a la Comisión para que aclaren la posición ante el anuncio realizado por el Gobierno de Canarias, ya que «es preciso que los ciudadanos del archipiélago conozcan el juego que está manteniendo el Ejecutivo de Paulino Rivero, que se dedica a realizar manifestaciones a la ligera, sin contar con la suficiente base para ello y creando una situación de pérdida de credibilidad ante las instituciones europeas».

El eurodiputado ha querido recordar que existen no sólo posicionamientos «firmes» de la UE advirtiendo de medidas que impliquen discriminaciones en la contratación de trabajadores comunitarios, sino también sentencias de los tribunales en este mismo sentido.

Desde su punto de vista, «la libertad de establecimiento y de prestación de servicios es uno de los pilares básicos de la Unión, sin que en ningún caso puedan darse discriminaciones». En este sentido, ha añadido que tal y como establecen los artículos 52 y 62 del Tratado, únicamente por razones de orden público, seguridad pública y salud pública podría admitirse una restricción de este tipo.

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