ACN PRESS/S.Lachica.- Sin ninguna sorpresa sobre el guión previsto, y con la oposición de los grupos Popular y Mixto (NC-PIL), el Gobierno de Rivero ha sacado adelante la Ley que, entre otras cuestiones, sube el Impuesto General Indirecto (IGIC) y crea nuevas figuras impositivas, como la referida a las telecomunicaciones, que afectará a la factura de los ciudadanos.
Una Ley, calificada de “atropello” por el portavoz del Grupo Popular, Jorge Rodríguez, hacia “los ciudadanos, los empresarios, los autónomos y los funcionarios de la Comunidad Autónoma”.
Por ello, Rodríguez ha insistido en que los conservadores no han querido presentar ninguna enmienda parcial, pese a haberlo hecho a la totalidad, para “no legitimar un proyecto improvisado, que busca el recorte por el recorte” y, además, “vulnera la Ley del REF”.
“Esto huele mal, muy mal”, afirmó el portavoz de los conservadores, pues la Ley convierte a Canarias, “en la primera en el pago de impuestos, después de Cataluña”.
Más impuestos
Por tanto, solo Coalición Canaria y PSC han apoyado que a partir del próximo 1 de julio y con carácter temporal, el IGIC incrementará el tipo general desde el 5 por ciento actual al 7 por ciento, elevará el establecido con el 2 por ciento al 3 por ciento, mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en 0,5 por ciento los tipos vigentes del 9 por ciento y el 13 por ciento.
Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuyas modificaciones se computarán en la práctica desde el 1 de enero de este año gracias a una enmienda ‘in voce’ presentada por CC, se aumenta la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros al año, el tipo pasa del 21,5 por ciento al 22,58 por ciento.
También se elimina la actual bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, además de algunas de las deducciones en el IRPF en función de la renta de cada ciudadano, establece la creación de nuevos tributos y tasas, la eliminación y reducción de algunas bonificaciones fiscales, y el incremento de los impuestos sobre el combustible.
También el Ejecutivo canario instaura el impuesto sobre depósitos a entidades financieras y se establece el impuesto a grandes superficies. Impuestos “de dudosa legalidad”, según fueron calificados por el portavoz de los conservadores, que volvió a anunciar una futura “conflictividad” jurídica en torno a los mismos.
Recortes
Junto a las medidas fiscales, el gabinete que preside Paulino Rivero también incluye recortes que incluyen la rebaja del cinco por ciento en el sueldo de los empleados públicos, la reestructuración de la organización y funciones de distintos organismos públicos y órganos administrativos de la Administración Pública, y se establece el régimen básico de la constitución o participación de la Administración Pública canaria y de las entidades públicas o privadas integrantes del sector público autonómico en cualquier consorcio.
Asimismo recoge medidas para la racionalización y distribución de empleados públicos, la modificación de la Ley de la Función Pública Canaria en materia de jubilación, permisos, licencias y duración de los procesos selectivos y concursos de méritos y se realizan varias modificaciones legales tendentes a la reducción transitoria de las retribuciones del personal.
Por último, el texto recoge distintas modificaciones de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal y no se suprime el impuesto sobre las grandes superficies, una figura de nueva creación, basada en criterios medioambientales, que el líder de NC considera que se ha introducido de manera rápida e improvisada.
Fracaso
Rodríguez, que defendió las 24 enmiendas parciales al texto del Gobierno y que no consiguió respaldo a ninguna, insistió en que “esta estrategia interesada y conservadora de abordar la crisis con el ajuste es un fracaso”.
“Y menos mal que se están replanteando desde el G-20 hasta el FMI que la crisis se agrava con esta política porque la austeridad debilita el consumo”, afirmó.
El nacionalista José Miguel Barragán aceptó, como Rodríguez, que esta política que está marcada por Alemania no sirve para salir de la crisis, pero aseguró al líder de NC que “usted, sentado en un Consejo de Gobierno, y por responsabilidad, también lo habría hecho”.
“Si cae el Estado, caemos nosotros también, porque no se salva ninguna comunidad autónoma”, afirmó Barragán, quien concluyó reconociendo que “las decisiones son dolorosas y difíciles, pero por responsabilidad ha habido que adoptarlas”.
El Grupo Mixto (NC-PIL) no ha conseguido convencer al Gobierno ni a los grupos que lo apoyan para gravar a las rentas más altas y los votos de nacionalistas y socialistas han rechazado la enmienda que pretendía incluir dos nuevos tramos en el IRPF.
Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Mixto, ha insistido en su tesis de que es el sistema fiscal “justo” y “progresivo” el que debe garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales.
“Subir impuestos nunca es popular, y nosotros hicimos la propuesta desde la oposición, cuando tocaba”, ha recordado Rodríguez desde el estrado al referirse a la aprobación de los Presupuestos canarios para 2012.
Por ello, ha propuesto añadir dos tramos nuevos en el IRPF de las rentas más altas, uno de 60.000 euros a 90.000 euros de base liquidable y otro de 90.000 euros en adelante, a los que se le aplicaría el 23,5 por ciento y el 25 por ciento, respectivamente.
Sin embargo, los grupos del Pacto aseguraron que no podían aceptarlas porque, en todo caso, “no se podrían cuadrar las cuentas este año, que es el que nos preocupa, y habría que dejarlas para el año que viene”.
Así lo aseguró el socialista Emilio Mayoral, pese a que “estamos de acuerdo con la filosofía de que quien más gana, pague más”.
Por tanto, CC y PSC tampoco aceptaron que, en el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, se aumentara un 10 por ciento en todos los tramos la actual escala que va del 0,2 por ciento al 2,5 por ciento, como ya se aplica en Andalucía.
Grandes superficies
Tampoco consiguió Rodríguez suprimir el impuesto sobre las grandes superficies, una figura de nueva creación, basada en criterios medioambientales, que el líder de NC considera que se ha introducido de manera rápida e improvisada.
Según Rodríguez, los propios empresarios han asegurado que esta impuesto puede suponer una pérdida de 1.000 puestos de trabajo.
“Los impuestos medioambientales son muy importantes, pero deben ser utilizados para fomentar el respeto al medio ambiente, pero no tiene sentido incluirlo en esta ley”, concluyó Rodríguez.
Funcionarios
Otro de los rechazos del Gobierno ha sido sobre la propuesta de NC de congelar la reducción del cinco por ciento de la retribución salarial de los funcionarios.
Román Rodríguez afirmó que esta medida es injusta y no negociada, ya que “no es lo mismo ganar 20.000 euros al año que ganar 60.000, pero aquí se hace de forma lineal y no en función de los salarios”.
Al respecto, el presidente del Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN), José Miguel Ruano, admitió que la medida “es difícil de adoptar”, pero insistió en que el Ejecutivo canario hace un “ejercicio de responsabilidad” para cumplir los objetivos de déficit para este año.
Una situación agravada por el recorte de 800 millones de euros en la financiación incluida en los Presupuestos del Estado referidos al Archipiélago.
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