FIRMAS Salvador García

Crisis de institucionalidad. Por Salvador García

Demos por liquidado el Estado del bienestar. Sus pilares, los pocos resistentes, se siguen desmoronando. Ya nada volverá a ser lo que era, salvo en forma de utopía que aparecerá en los programas electorales de las organizaciones políticas, una suerte de recurso para imprimir ideología o filosofía política, un clavo al que asirse para luchar.

Lo peor no es que las políticas restrictivas y los reajustes de todo tipo hayan ido resquebrajando unas cuantas conquistas de derechos y prestaciones, sino que lo ocurrido en los últimos tiempos en algunas instituciones nos sitúa ante otra crisis de envergadura que ha acentuado el escepticismo de la gente y ha agravado la carencia de ideas y soluciones. Si el desempleo, si la pérdida de poder adquisitivo, si los recortes en sanidad y educación, si los agujeros insondables y en su mayoría impunes de las entidades financieras, por citar unos aspectos concretos y cotidianos, anulan tantas cosas, hasta las ganas de incursionar un nuevo modelo productivo, la trascendencia de algunos hechos han debilitado considerablemente la credibilidad de referencias institucionales que se tenían en nuestro país como muy serias, casi intocables, hasta el punto de agradecer su existencia y funcionamiento en medio de tanta zozobra.

Pero si nos fijamos bien, es como si se hubiera producido una conjunción de factores que incidieron en la pérdida de sensatez o de raciocinio. Y los españoles, en redes sociales, en hogares, en foros habituales o en medios de comunicación, se han cansado y empiezan a no perdonar. Bastante dañada estaba -y está- la imagen de la política y de los políticos como para que encima se juegue también con el dinero de clientes y ahorradores, con la opacidad de una máxima autoridad judicial en el desempeño de sus funciones y con miembros de la familia real metidos en asuntos turbios. Hasta la monarquía sale mal parada, quién lo iba a decir, con consecuencias futuras imprevisibles.

Estamos, pues, ante una crisis de institucionalidad que añadir a la económico-financiera. Esos diques de estructuras fundamentales para la convivencia social y política también se han resentido. No se extrañe, por tanto, que la ciudadanía se ponga brava después de lo ocurrido con Iñaki Urdangarín, increíblemente metido en presuntos manejos indebidos de fondos públicos que conducen a pelotazos y cosas por el estilo. Ya se verá por dónde fluye la vía judicial, pero todo da a entender que tiene mala pinta.

Para colmo, su suegro va y se lesiona en una cacería de elefantes en un país africano. Su Majestad pidió perdón y reconoció su error, un hecho insólito que le honra, pero las voces críticas no han callado.

Y luego, los otros dos sucesos que enervan a la ciudadanía, que la indignan y la retuercen. Grave es, desde luego, todo lo ocurrido con Bankia: ya hasta importa poco que la gestión de esta crisis concreta remarque negativamente la percepción que se tiene, en Europa y en todo el mundo, del modo de proceder del Gobierno y del propio sistema bancario español. Hasta es natural que sean pocos quienes se revuelvan al ver al partido gubernamental metido en afanes nacionalizadores de una entidad bancaria. Pero son veinticuatro mil millones de euros, procedentes de fondos públicos, los que se precisan para salir del trance. Lean la cifra de nuevo, igual se modifica al alza. Elevada, ¿verdad? En el maremágnum de circunstancias, dimensión europea incluida, la carencia de claridad, saber a ciencia cierta qué ha pasado, quiénes han sido los responsables y cómo en definitiva, se va a arreglar el desaguisado, contribuye también al desconcierto y al malestar de la población.

No menos grave, segundo suceso, lo del presidente del Tribunal Supremo y el empleo de fondos públicos para sufragar parcialmente viajes y estancias en un destino turístico del sur de España los fines de semana. Sus explicaciones, independientemente de la oportunidad, serán más o menos convincentes. Pero el daño ya estaba hecho. Y el ‘justishow’ de sus señorías, unos a favor/otros en contra, más las miles de peticiones de dimisión que circularon por redes sociales y que se añadían a las formuladas por otros jueces, ha sido de los que hacen época, casi a la altura de lo sucedido con Baltasar Garzón. ¿Para qué hablar de corporativismo otra vez? Lo importante es el nuevo desgarro causado a la Justicia.

Y lo malo, esta crisis de institucionalidad. Que es tan preocupante para una sociedad desvertebrada como las señales claras de fractura de la cohesión social que crecen y circulan cuando más necesidades sociales apremian. Esto es lo inquietante. Y si encima, las instituciones, por determinados comportamientos reprobables, se quebrantan, menos confianza. Vaya panorama

(Publicado en Tangentes, número 47, junio 2012)

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