FIRMAS

Más unidos, fuertes y firmes. Por Paulino Rivero

El Gobierno de Canarias, el Parlamento, cabildos y ayuntamientos, colectivos y asociaciones –en definitiva, la inmensa mayoría de los canarios– estamos más unidos, más fuertes y más firmes que hace una semana. Unidad y fortaleza imprescindibles en esta larga y difícil batalla que hemos emprendido para evitar que unas prospecciones petrolíferas amenacen seriamente nuestro modelo económico, nuestra biodiversidad, nuestro futuro.

Conocidos los últimos pronunciamientos judiciales, todos sin excepción nos sentimos aún más firmes en la defensa de nuestro mar, de nuestros derechos.

Afrontamos una batalla larga y dura, ya lo sabíamos; pero tenemos de nuestro lado un mar de razones y, sobre todo, la demanda de una sociedad que no está dispuesta a cruzarse de brazos ante lo que constituye un atropello y una agresión al sentido común y al interés general de Canarias.

Con más fuerza si cabe, Gobierno, instituciones y colectivos vamos a combatir con todas las herramientas a nuestro alcance una decisión –del Gobierno del PP– claramente contraria al criterio y a la voluntad de Lanzarote, de Fuerteventura, de Canarias.

Nos enfrentamos a uno de los más lamentables episodios de nuestra reciente historia que, en consecuencia, requiere una respuesta tan meditada como contundente, tan responsable como valiente, tan firme como razonada. Está en juego el futuro de Canarias, y con Canarias no se juega.

La batalla no ha hecho más que empezar. El Gobierno que presido promoverá cuantas acciones jurídicas y políticas sean precisas para ganar el pulso que el Estado y la multinacional Repsol, despreciando al Parlamento y a nuestras principales instituciones, está echando a todos los canarios.

Los acontecimientos judiciales de los últimos días, lejos de desanimarnos nos dan más fuerza para seguir luchando. Si alguien está pensando que los canarios nos vamos a rendir, se equivoca.

El PP canario defiende los intereses de Repsol y de sus accionistas. El Gobierno canario y las principales instituciones del Archipiélago defendemos los intereses de las Islas y de sus ciudadanos.

O se está del lado de los accionistas o se está del lado de los ciudadanos.

Gobierno, Parlamento, cabildos y ayuntamientos estamos del lado de los ciudadanos. Son otros los que tienen difícil –o imposible– explicar lo que están haciendo.

Así las cosas, en la entrevista que mantuve el pasado viernes con el comisario europeo de Medio Ambiente trasladé toda la información sobre el expediente y, especialmente, la preocupación existente entre las instituciones y ciudadanos por el daño irreversible que la actuación de Repsol puede provocar en el medio ambiente y la biodiversidad marina del Archipiélago.

En ese orden de cosas, expliqué al comisario los detalles de la apuesta del Gobierno de Canarias por un modelo económico basado en la sostenibilidad y en el respeto a los recursos naturales, y expuse la dependencia económica de Fuerteventura y Lanzarote del sector turístico –un 51 por ciento del PIB y un 54 por ciento de empleos directos–. Puse sobre la mesa la oposición unánime que hay en estas Islas a las prospecciones petrolíferas, recalcándole la posible vulneración de leyes medioambientales comunitarias; y, como no podía ser de otra manera, en el transcurso de la conversación aproveché para explicarle que el desarrollo de Canarias es incompatible con la presencia de una industria petrolera.

Fruto de ese encuentro, el Gobierno que presido presentará la próxima semana una queja formal ante la Comisión Europea ante la flagrante vulneración del derecho comunitario en lo que se refiere al artículo 6.3 de la Directiva Hábitat, que estipula la obligación de redactar informes de impacto allí donde se puedan ocasionar daños al medio ambiente.

Una reunión que, en todo caso, es una de las muchas iniciativas que teníamos y tenemos en marcha para frenar el histórico error que el Gobierno del PP está cometiendo poniéndose tan cerca de Repsol y tan lejos los canarios.

Me ha parecido muy importante el compromiso expreso del comisario en la defensa del interés general y del cumplimiento de la normativa comunitaria y su disposición a analizar el expediente.

Por eso ahora, incluso más que antes, estoy convencido de que esta batalla se puede ganar, que podemos parar las prospecciones.

No podemos permitir que se concrete una agresión medioambiental que comprometa el futuro de ésta y de las próximas generaciones, que ponga en peligro el sector turístico, que con sus aciertos y desaciertos ha contribuido al bienestar y progreso del Archipiélago.

El riesgo de una actividad petrolífera es mucho, y sus beneficios son pocos o nulos. En consecuencia, no bajaremos la guardia –el Gobierno que presido nunca lo va a hacer– y seguiremos luchando desde la unidad contra una decisión que pone en riesgo nuestro futuro y que, al calor de promesas insostenibles, sólo esconde el objetivo de defender el beneficio de una multinacional aún cuando el precio sea sacrificar a toda una comunidad autónoma.

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