Elblogoferoz.- El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Canarias que el Ejecutivo regional tiene previsto crear, antes del verano, un servicio de inspección en la Viceconsejería de Comunicación, el cual estará integrado por personal cualificado de la Comunidad Autónoma (funcionarios y jefes del servicio y de negociado). Dicho sistema, apuntó estará dotado con un sistema de monitorización de todo el espectro audiovisual (radios y televisiones) en Canarias, una herramienta que ya ha sido adquirida y con la que se pretende evitar un posible fraude tras la adjudicación de las licencias de radio.
En este sentido, Marrero recalcó que las licencias de radio otorgadas en el concurso fallado recientemente no se pueden transmitir a terceras empresas, ya que en la legislación estatal, en vigor desde el 1 de mayo de 2010, impide que en los dos años siguientes al otorgamiento de una licencia se puedan traspasar con carácter general, por lo que habrá que estudiar cada caso para comprobar cuáles fueron los compromisos adquiridos en cada oferta para saber cuándo podrían realizar los traspasos posterior a esa fecha.
El portavoz del Gobierno dejó claro que en todo momento se vigilará que se cumpla la legalidad, tanto ahora cuando es imposible que se lleven a cabo estas operaciones que no están permitidas por la Ley, como pasados los dos primeros años con el objetivo de velar por que se cumpla el reglamento jurídico.
Con el nuevo servicio de inspección en la Viceconsejería de Comunicación se investigará en todo momento que los adjudicatarios cumplen todos sus compromisos adquiridos en el concurso, de manera que si se detecta alguna irregularidad se procederá sin vacilación alguna a aplicar la legislación, por lo que dependerá del incumplimiento el grado de las sanciones que se impongan, llegando en caso de gravedad a la posible retirada de la licencia.
Marrero recuerda que no estamos hablando de pequeñas sanciones, sino que podemos estar hablando de multas de entre 100.000 y 200.000 de euros, dicho lo cual dijo que al margen de esta situación inspectora que realice la comunidad autónoma hay que tener en cuenta que sobre el espectro las competencias son compartidas con el Estado, que igualmente tienen que actuar frente a ocupaciones ilegales del espacio radiofónico.
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