Un miembro del Consejo de Administración de RTVC dice que la sentencia contra Videoreport supondrá indemnizaciones millonarias

Guerra dijo que cuando está en juego el dinero público no se puede perder la memoria de los acontecimientos en lo que se refiere a la transparencia en las decisiones que afectan a los servicios públicos y a todos los contribuyentes, ya que hablamos de dos sentencias contrarias a la concesión de los servicios informativos a Videoreport.

En este sentido, explica que en su momento el ente público declara desierto el lote de los servicios informativos de la Televisión Canaria, a la que se había presentado Socater, a instancias del Gobierno para despejar al camino a otra empresa, en símiles deportivos en la prórroga de un partido, dejando sin otorgar por tanto la adjudicación a la empresa que se había presentado al concurso público, para a continuación abrir un procedimiento en virtud del cual termina adjudicándose el servicio al año siguiente a Videoreport.

Explica que «es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de un concurso público para ocho años y 144 millones de euros, de los que se han cubierto cuatro, lo que quiere decir que tras la mitad de la concesión la justicia viene a decir que aquel proceso se hizo mal, poniendo en el punto cero esta cuestión esgrimiendo que tuvo que ser Socater la adjudicataria».

Si finalmente el Gobierno recurre tal y como ha anunciado, transcurrirá un nuevo periodo de tiempo que posiblemente alcance el periodo de adjudicación dado a Videoreport, lo que quiere decir que la empresa a la que se adjudicó de manera irregular los servicios informativos de la Tele Canaria habrá cubierto todo el periodo de tiempo que se le concedió, habiendo por tanto ganado los 144 millones por una adjudicación que la justicia ha declarado irregular.

Tras sostener que incluso hablamos del pago de indemnizaciones millonarias por lucro cesante por la nefasta adjudicación del servicio, recuerda que por aquel entonces tanto él como Domingo González Chaparro, miembros ambos del Consejo de Administración el ente público, presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción denuncia “por indicios suficientes de irregularidades” en todo ese procedimiento para dicho ente actuara y cuatro años después los tribunales de justicia vienen a corroborar que efectivamente quienes habían denunciado que no se había realizado una gestión correcta del procedimiento tenían razón.

Guerra explica que aquella denuncia realizada en pro de los intereses generales efectuada como consejeros del ente público al entender que se había cometido irregularidades les trajo muchas consecuencias negativas, tanto en el ámbito personal, como en lo relativo a la salud y en el trabajo, sencillamente por tratar de transparentar la vida pública, cuando ahora los tribunales les dan la razón.

Para el consejero de RTVC, lo triste es que ahora se recurra esa sentencia por parte del Gobierno y dentro de tres o cuatro años nos encontremos con que Socater, aquella empresa a la que debían haberse adjudicado los informativos de la Tele canaria porque estaba en su derecho, gane la sentencia y, por tanto, tenga que recibir una indemnización millonaria, siendo los costes de las malas prácticas y de aquella nefasta decisión política para los ciudadanos.