ACN PRESS/S.Lachica.-La consejera de Empleo, Margarita Ramos, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda ha desautorizado al subdelegado del Gobierno en la provincia tinerfeña, Guillermo Díaz, que remitió a los ayuntamientos un escrito en el que advertía de la posible ilegalidad de la convocatoria del Gobierno regional para financiar las contrataciones de desempleados en los municipios.
Ramos ha insistido en que Hacienda “ha dado la razón a la Consejería de Empleo”, e insistió en que la actitud de la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife ha “ralentizado” la ejecución y puesta en marcha del plan de contratación de parados en los ayuntamientos.
La consejera ha recordado, tras una pregunta de la presidenta del Grupo Socialista, Dolores Padrón, que esta medida se incluye en el Plan de Choque aprobado en febrero para intentar rebajar “la tasa de paro crucial de más del 30 por ciento” de desempleados en Canarias.
Un media “positiva para disminuir el paro es la contratación directa por parte de los ayuntamientos, lo que se ha tratado de ralentizar por parte de la Administración General del Estado” aunque ahora, tras la desautorización a Díaz, “vamos a seguir adelante con ella”.
Sin embargo, dichas comprobaciones generaron un retraso en el procedimiento y que ha forzado a aplazar al menos hasta finales mayo la contratación de los 6.400 desempleados previstos por parte de esos ayuntamientos.
Ramos explicó que la Subdelegación se basó en el artículo tres Real Decreto Ley 20/2011 en el que se expone que las Administraciones locales no pueden aumentar sus plantillas a no ser que sean por una situación especial y las contrataciones temporales. Una tesis que ha sido rebatida por el Gobierno central.
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