ACN PRESS.-La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha denunciado hoy que la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife que dirige,Guillermo Díaz, remitió una comunicación escrita a los Ayuntamientos de la provincia instándolos a que no participaran en la convocatoria anticipada del Ejecutivo regional para la contratación directa de desempleados por ser «ilegal».
Ramos ha explicado en una comparecencia ante los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria que dicha misiva dejó «atemorizados y precavidos» a los alcaldes, que solicitaron informes jurídicos a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) sobre la convocatoria del Gobierno canario.
La consejera explicó que fue la propia Fecam quien garantizó a los alcaldes que «no había ninguna ilegalidad». Sin embargo, dichas comprobaciones generaron un retraso en el procedimiento, que ha tenido que ser retomado y que ha forzado a aplazar al menos hasta mayo la contratación de desempleados por parte de esos Ayuntamientos, explicó.
La consejera explicó que fue la propia Fecam quien garantizó a los alcaldes que «no había ninguna ilegalidad». Sin embargo, dichas comprobaciones generaron un retraso en el procedimiento, que ha tenido que ser retomado y que ha forzado a aplazar al menos hasta finales mayo la contratación de los 6.400 desempleados previstos por parte de esos Ayuntamientos, explicó.
El director del Servicio Canario de Empleo, Manuel León, explicó en la citada comparecencia que el 2 de marzo el propio subdelegado del Gobierno en la provincia occidental lo llamó para explicarle que la convocatoria anticipada del Ejecutivo regional era ilegal en base al Real Decreto Ley 20/2011 (RD). Ramos señaló hoy que «de otra cosa no entenderé pero de derecho sí», y «en todo momento estuve segura de que no había ilegalidad».
Ramos explicó que la subdelegación se basó en el artículo tres del citado RD, en el que se expone que las Administraciones locales no pueden aumentar sus plantillas a no ser que sean por una situación especial y las contrataciones temporales.
La consejera exigió «honestidad» a las personas que «pretendan enturbiar las políticas de empleo». Les pidió también que hagan «autoanálisis y autocrítica», que no sean «perversos» y que no hablen de «retraso» en la aplicación de las citadas políticas. Se debe «mantener un clima de lealtad entre las instituciones, porque es lo que la ciudadanía nos demanda», concluyó Ramos.
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