ACN PRESS.-La consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, advierte que este año «no será bueno para el empleo en las islas», ni el público ni el privado. Aunque aseguró que el Ejecutivo regional «tratará de mantener el empleo público», y para ello espera alcanzar «un gran pacto» con las fuerzas sociales y sindicales. Sí aclaró en que el Ejecutivo «no aplicará la Reforma Laboral».
Ramos, que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria este miércoles, avanzó que ese gran pacto trataría de concesuar medidas como «flexibilizar y reducir jornadas, o fomentar la movilidad geográfica y funcional», entre otras.
La consejera criticó que la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno español «sólo le da la opción» a las administraciones públicas en crisis de hacer «despidos colectivos». Esto, unido al Real Decreto Ley 20/2011 que prohíbe las ofertas públicas de empleo para este año, deja una situación en la que «el Gobierno de Canarias tiene dificultades para mantener el empleo público», reconoció.
Fraude fiscal
En otro orden, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Havier Gonzalez Ortiz, ha anunciado en el Parlamento que el Ejecutivo va a iniciar este mes una ofensiva contra el fraude fiscal, que aunque no ha querido cuantificar, los grupos de la oposición han cifrado en 11.500 millones de euros.
Para ello, a Consejería de Economía, Hacienda iniciará este mes una «campaña de visitas presenciales a locales donde se desarrollen actividades empresariales o profesionales» con el fin de acabar con «comportamientos insolidarios que perjudican a todos los canarios» en un momento de crisis como el actual.
El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, fue quien puso cifra al fraude: «11.500 millones de euros cada año en la economía canaria no paga impuestos o se salta las reglas, o las dos cosas».
Una cuantía que también usó el portavoz del Grupo Popular, Víctor Moreno del Rosario, cuando aseguró que «el pago en dinero en negro mueve cerca de 12.000 millones de euros» en las Islas, «casi el 30 por ciento del PIB» (Producto Interior Bruto) de la Comunidad Autónoma.
«El pago ‘en negro’ provoca una pérdida 140.000 eruos diarios a la Seguridad Social en Canarias, duplicándose desde 2007 el numero sanciones impuesto por las infracciones detectadas», afirmó el portavoz de los conservadores.
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