ACN PRESS.-El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria manifiesta en un comunicado su «absoluta repulsa a las decisiones que el ministro Wert ha comunicado a los consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas»
«Que el profesorado acepte no sólo aumento de horas, sino reducciones y congelaciones salariales, además de miles de despidos, que serán ocasionados por el aumento de ratios en un 20 por ciento, lo que significa volver al hacinamiento en las aulas de las épocas del franquismo», afirma el comunicado.
Las bajas por enfermedad de hasta 10 días, «que apenas se cubrían en Canarias», van a «dejar de hacerse definitivamente», lo que va a significar un a»montonamiento de alumnado «a cargo de algunos de los docentes que vayan dejando en cada centro.
Frente a todas estas drásticas medidas, «casi parece anecdótico que la implantación de la nueva FP se paralice una vez más, lo que demuestra la incontinencia verbal de un ministro que la anunciaba hace escasas fechas y ya se desdice, lo que no parece de recibo».
«Tampoco parece baladí la decisión de que los centros de Secundaria-Bachillerato sólo puedan ofrecer o Letras o Ciencias, porque como eso va acompañado de eliminación de becas para el transporte, entre otras medidas, va a impedir que los sectores más desfavorecidos acudan a los centros de enseñanza de su opción», afirman.
La eliminación «prácticamente total del profesorado interino y sustituto que se avecina para los meses próximos» y la nueva reestructuración de la planificación de los centros va a traer consigo una «removida general de amplios sectores del profesorado que hoy tienen plaza definitiva en sus centros y que se verán desplazados».
«Por tanto, vamos a asistir a un final de curso convulso por la situación de incertidumbre que se va a dar en las plantillas de los centros educativos y mucho más por la previsión de que muchos miles de personas se queden sin trabajo y sin derechos», insisten.
A ello «podemos sumar que con la actual reforma laboral, nos podríamos llegar a encontrar con la circunstancia de que el personal “no contratado” que ha sido despedido de los servicios públicos, mientras pueda cobrar el subsidio por desempleo (que es un dinero que ha cotizado para tal fin durante su tiempo de trabajo y que, por tanto, no es un favor que nadie le haga), podrá ser obligado a regresar a sus anteriores puestos de trabajo, cobrando sólo el subsidio por desempleo, en calidad de “servicios a la comunidad”.
Ante esta «situación de emergencia» de los servicios públicos en Canarias es necesario que «tomemos conciencia de que estos recortes y pérdidas de derechos para el conjunto de la sociedad, como es el poder disponer de una educación pública de calidad, significan hacer retroceder a este servicio público cincuenta años hacia atrás».
«Y esto no lo podemos permitir. Cualquier medida de estas no va a ser temporal ni pasajera, como nos dicen, vienen para quedarse y convertir los servicios públicos en algo residual, promoviendo las privatizaciones y las formas de financiación mixta, conocida como “copago”, a la que deberíamos denominar “repago”, porque ya las hemos apoyado con nuestros impuestos», afirma el comunicado.
Frente a esta situación,» exigimos de los Gobiernos central y autonómico que persigan el fraude fiscal y no propicien amnistías, que paguen más los que más tienen, ya que los recortes de lo público no sólo no generan empleo, sino que propician más desempleo, pobreza y exclusión social, a la par que incrementan las situaciones de injusticia y pérdida de calidad democrática que estamos padeciendo».
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