Las reformas son necesarias, pero el Gobierno del Estado se está equivocando en el fondo y, a la vista está, en las formas.
Este no es el camino. Hay otra forma de emprender los cambios. Equivocan la receta. Las decisiones del PP, lejos de generar confianza y empleo, están generando incertidumbres, destruyendo puestos de trabajo y agrediendo seriamente a los servicios públicos.
Hay otra forma de salir de esta situación. No es verdad que se salga solo con ajustes, y no es justo que se salga de la crisis sacrificando prestaciones como única propuesta. Sencillamente, no es verdad. Hay otras fórmulas. Otras soluciones.
La solución no es cargarse los servicios, sino mejorar la gestión. El problema no es el modelo, sino la forma de gestionarlo.
Todas las comunidades autónomas debemos hacer ajustes, apretarnos el cinturón. Eso no está en discusión, eso no lo discutimos.
Sí discutimos, y rechazamos, que se culpe de la crisis a las comunidades. En este sentido, comparto las palabras del presidente de la Xunta de Galicia, que días atrás ha dicho que “el problema de España no son las comunidades autónomas”.
No discutimos que hay que sacrificarse; de hecho, desde 2008 las medidas de ahorro, ajuste y contención son una realidad en Canarias. Ahora bien, es injustificable que la comunidad más frágil –Canarias- sea la que más se castigue en los Presupuestos.
Las consecuencias de ese tratamiento presupuestario son múltiples, y todas negativas. En este sentido, hay algo que me preocupa muy por encima de cualquier otro efecto:
Los presupuestos y la reforma laboral del PP provocarán que miles de canarios pierdan su empleo
Fruto de esa enorme preocupación, el pasado miércoles reuní al Consejo Asesor del Presidente -órgano de carácter consultivo, integrado por las principales organizaciones sindicales y empresariales de Canarias- con el objeto de analizar el trato que recibe el Archipiélago en los Presupuestos Generales del Estado.
La coincidencia en el diagnóstico fue total. Sindicatos y empresarios comparten con el Gobierno de Canarias que las cuentas presentadas por el Gobierno del PP dañan gravemente a Canarias, condenándonos a enormes sacrificios en todos los órdenes.
Desgraciadamente, ese injustificado castigo presupuestario a los canarios tendrá consecuencias en la gestión contable de las administraciones y, sin duda, en el día a día de los ciudadanos de las Islas. El Gobierno del PP ha alejado a Canarias del resto de España –análisis compartido por sindicatos y empresarios, que piden una rectificación al Estado con medidas “que nos acerquen” y no al revés-.
Los PGE dan la espalda a un territorio –nuestro Archipiélago- que caminaba por la senda de la recuperación económica -tímida en términos absolutos, pero mayor que la media estatal el año 2011- a pesar de sus problemas estructurales y su alto índice de desempleo. Los PGE dan la espalda a un territorio que ha hecho bien sus deberes en contención del gasto desde hace cuatro años -2.280 millones de reducción- y que hoy ve cómo ese esfuerzo no solo no es tenido en cuenta sino que se penaliza gravemente.
Canarias no puede ajustar más su Presupuesto por la vía de la reducción del gasto; es sencillamente imposible si queremos mantener los servicios públicos esenciales. Y antes de vernos obligados a cerrar centros sanitarios o educativos, debemos tomar otro tipo de medidas que permitan mantener la cohesión social y territorial del Archipiélago.
Por eso es especialmente relevante la decisión adoptada por el Consejo Asesor de impulsar un gran Pacto Canario por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social, que implique a todos -administraciones, partidos políticos, empresarios y trabajadores- en la búsqueda de soluciones.
Necesitamos un gran acuerdo social para defender los intereses generales de Canarias y de todos los canarios; para que se corrijan aquellas decisiones que nos alejan del resto del Estado y se propicien otras que nos acerquen al trato que merecemos.
Un tratamiento justo que no pasa por la eliminación de las bonificaciones aeroportuarias; ni por el incremento de las tasas aéreas; ni por la eliminación de fondos para renovación turística; ni por la paralización de obras firmadas en los convenios de carreteras u obras hidráulicas, ni por el incumplimiento de que se invierta en Canarias al menos la media del resto del Estado; ni por la eliminación de las primas a las energías renovables.
Canarias se enfrenta al momento más duro de su recorrido autonómico, por lo que necesitamos coraje, unidad y firmeza para sobreponernos esta situación y dejar a las Islas en condiciones favorables para las nuevas generaciones.
Que no quede la menor duda de que el Gobierno de Canarias tomará todas las decisiones que deba adoptar –por dolorosas que puedan resultar a corto plazo- para garantizar la cohesión social en las Islas.
Si el Gobierno del PP no nos deja otra salida, habrá que tomar decisiones duras.
Se seguirá exigiendo al Estado –con la legitimidad que otorga el apoyo de la sociedad a través de sus organizaciones más representativas- respeto para dos millones de personas que, dada la lejanía y fragilidad de nuestro territorio, debemos ser tenidas especialmente en cuenta.
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