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PARLAMENTO. El Pacto se opone a que RTVC remita a la Cámara “el seguimiento mensual de la presencia de los políticos” en los informativos

ACN Press. La Radiotelevisión Canaria (RTVC) incumple su propia Ley y, desde su constitución, no ha remitido semestralmente al Parlamento un listado del minutaje de la presencia de las opciones políticas en sus programas, según ha reconocido hoy en la Cámara la diputada nacionalista Marisa Zamora.

No obstante, pese a esta confirmación, tanto el Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN) como el Socialista votaron en contra de la propuesta de los conservadores para que el ente remitiera “con carácter mensual a la Comisión de Control de la RTVC del Parlamento los datos y el seguimiento de la presencia de los políticos en los programas de la televisión pública”. La excusa de Zamora fue la crisis y las “restricciones presupuestarias” del ente, pues la petición del Grupo Popular supondría “minutar y analizar miles de programas informativos” por parte de empresas de seguimiento de medios o instituciones académicas, con el consiguiente aumento presupuestario.

Hay cosas más importantes en qué pensar que el tiempo en que sale cada político en los programas”, insistió Zamora, que también recordó al portavoz del PP, Jorge Rodríguez, que “es lógico que el presidente o un consejero tienen más presencia que usted o yo”.

Al servicio de Rivero. Sin embargo, Rodríguez apeló a los “principios básicos de independencia, pluralidad, veracidad, libertad y neutralidad política de un medio de comunicación público” y la necesidad de que RTVC “deje de ser un medio de y al servicio de CC y del presidente Paulino Rivero para que sea de todos y al servicio de todos los canarios.

Estamos muy lejos de ese desideratum, el Grupo Popular está absolutamente ausente de las informaciones de un medio de todos los canarios”, afirmó el portavoz del PP.

Precisamente, y en relación a este discurso de Hernández, nacionalistas y socialistas también usaron su mayoría para votar en contra otra propuesta del PP para que RTVC ofreciera una “especial cobertura informativa a los acuerdos adoptados por el Parlamento” y acabar así con el “absoluto divorcio” entre los ciudadanos y la información parlamentaria por parte del ente.