Elblogoferoz/Álvaro Vega. La iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy de abrir la puerta al capital privado en las televisiones públicas autonómicas no permite ver nada nuevo bajo el sol del PP. Ya en noviembre de 2010, apenas cinco meses después de la entrada en vigor de la Ley General de Comunicación Audiovisual, los populares presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar el bloqueo que esta norma mantuvo a la privatización de los canales públicos, que ya se recogía en la Ley del Tercer Canal, un texto de la época de Felipe González.
El PP no deja de ser coherente con su programa electoral y con su praxis, que no es otra que el adelgazamiento del sector público en cuanto sea posible en función de la mayoría que disponga para llevarla a cabo. Y de paso dar un repaso a los medios de comunicación públicos.
Hasta ahora, primero la Ley del Tercer Canal, que abrió la puerta legal a las televisiones de los Gobierno regionales, y, por el momento, la Ley General de Comunicación Audiovisual han impedido esta decisión, que vendrá a terminar de truncar el panorama audiovisual español, extraordinariamente escorado a la derecha.
La privatización de las televisiones públicas autonómicas llevará la modificación de su estatus legal desde el servicio público esencial, que ahora ostentan en virtud de la Ley General de Comunicación Audiovisual, auspiciada y aprobada en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, por el de servicio de interés general. El mismo nivel jurídico que ahora tienen las televisiones privadas y que permite el cambalache de ventas, cesiones y alquileres de licencias que, hasta la aprobación de esa Ley, no era posible legalmente. Otra cosa es la ausencia de rigor con la que se ha permitido incumplir este precepto.
La iniciativa del Gobierno del PP no es más que un avance más en el tremendo error del anterior Ejecutivo del PSOE, ratificado por el voto de sus diputados y senadores, al auspiciar lo que la norma llama “negocios jurídicos audiovisuales”, que no es otra cosa que el permitir realidades tan inadmisibles como que la Iglesia Católica, bajo la fórmula societaria de la Conferencia Episcopal Español, sea propietaria y explote un canal de la TDT, 13 TV, sin haberse presentado a ningún concurso público. Es decir, que gestiona una parte del espacio radioeléctrico, que es propiedad de todos y cuya gestión corresponde al Estado, sin haber pasado por el tamiz de una convocatoria abierta.
La legalidad de esta realidad no evita su absurdo democrático. Ni tampoco el tremendo error que el PSOE cometió a la hora de promover lo que acabó siendo la Ley General de Comunicación Audiovisual, que permitió abrir la puerta que la extrema derecha utiliza para entrar las veinticuatro horas del día en los hogares españoles y para promover las grandes fusiones de los grupos audiovisuales que operan en España, porque ya han dejado de ser españoles.
El tajo que el PP va a pegar a las televisiones públicas autonómicas, que irán acompañadas, por supuesto, de las radios públicas autonómicas, no es más que un paso adelante en el secuestro de la democracia que se está perpetrando, de manera legítima, eso sí, a costa de la manida crisis y el cuento de los mercados.
En Andalucía, el carácter público de la radio y televisión pública, cuya gestión tiene encomendada la RTVA, está protegido por el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 210 establece con claridad tres cosas: que el servicio y la gestión de la radiotelevisión de Andalucía tienen carácter público, que se prestarán mediante gestión directa y que la Junta de Andalucía gestionará directamente un servicio de radiotelevisión pública, le guste o no a quien gobierne.
Pero, ya se sabe, esta protección estatutaria, que difícilmente nadie se planteará formalmente quitar porque requiere una reforma del Estatuto de Autonomía y el consiguiente referéndum, puede tener lecturas de muy distinto signo y mucho es de temer que el hoy dulce Javier Arenas, que aspira a ser el primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía, tenga, en caso de que las urnas le den esa posibilidad, una salida muy parecida a la de Eduardo Zaplana la Comunidad Valenciana, que en marzo de 2003 puso en marcha la maquinaria administrativa para sacar a concurso público la gestión de la publicidad, la producción de 1.884 horas de programas y la edición de los informativos. Una privatización en toda regla.
Menos mal que José María Aznar llamó para el Gobierno a Zaplana y a éste lo sustituyo Francisco Camps, que ya vio entonces que lo mismo era más provechoso para él mantener la televisión autonómica bajo su yugo.
Publicado bajo licencia de www.periodista-es.org
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