Parece claro que el Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, dejará de serlo en un breve plazo de tiempo sin que una gran parte de la ciudadanía sienta este acontecimiento con muestras de tristeza, sino más bien, de todo lo contrario. Y ni aún aplicando esa máxima del refranero español de “más vale malo conocido que bueno por conocer”, parece pueda este político remontar el clima de opinión adverso que merece su gestión al frente del Gobierno de la Nación. El último dato indicativo de lo que venimos diciendo es que ni siquiera en su propio partido se le defiende, pues una cosa es aceptar por disciplina las decisiones que el Presidente adopta, y otra bien distinta justificarlas y defenderlas por estar convencidos de su razonabilidad y oportunidad en favor de los intereses generales.
He de reconocer que a mí nunca me ha gustado Zapatero y tampoco la orientación de muchas de las decisiones políticas adoptadas por su Gobierno. Sin embargo, estoy convencido de que la decisión tomada por el mismo en el sentido llevar al Congreso de los Diputados la modificación de la Constitución para establecer un límite jurídico al déficit en que pueden incurrir las Administraciones Públicas, es una prueba fehaciente de que Zapatero ha puesto por vez primera (y también última) el interés general por delante del interés de su propio partido. Desde la perspectiva partidista, la decisión de Zapatero es claramente suicida. Primero, porque supone reconocer que el Partido Popular tenía razón cuando hace más de un año ya planteó la necesidad de esta propuesta. Segundo, porque ante su propio electorado de izquierda, la adopción de la medida no es más –en la mentalidad arcaica de muchos ciudadanos que viven la ideología como doctrina de fe y al déficit como santo remedio- que la culminación de una serie previa de decisiones dirigidas a favorecer, supuestamente, los intereses del capital financiero. Y tercero, porque estando tan próximas las elecciones generales, podía haber pospuesto la solución y haber dejado que la adoptara el próximo Gobierno, que previsiblemente no será socialista.
Las muestras reiteradas de que la decisión adoptada (la reforma de la Constitución) es una manifestación que rompe el consenso constitucional y pone en cuestión la soberanía popular, no tienen en mi opinión mucho sentido, pues en términos jurídicos el procedimiento seguido es constitucionalmente legítimo (como también lo fue el límite establecido en el Tratado de Maastricht) y, en términos político-económicos, ante una situación límite como la que vive España en cuanto a su credibilidad a la hora de responder al cumplimiento de su deuda pública y a la no necesidad de una intervención como la de Grecia, no parece que la decisión pueda ser calificada de desacertada. Además, el mensaje implícito, tanto en el ámbito interno como en el externo (y esto lo han captado perfectamente las Comunidades Vasca y Catalana), es que las Comunidades Autónomas no pueden continuar gastando lo que no tienen por la fácil vía del endeudamiento.
Incluso aceptando que la decisión adoptada por el Sr. Zapatero no es más que el producto de una imposición de la Sra. Merkel y el Banco Central Europeo, ello no empequeñecería el carácter positivo de la decisión, puesto que ante su propio electorado (cada día más propenso a enarbolar la bandera semidormida del siempre temible nacionalismo alemán), la Sra. Merkel puede presentar la decisión española como un paso adelante en la necesidad de reforzar los mecanismos de respuesta comunes (Unión Europea) ante una crisis cuya salida no parece pueda venir por la vía del “sálvese quien pueda”. Curiosamente, la respuesta del PNV, de CiU y de CC, es muy parecida en esto a la que plantean algunos políticos nacionalistas alemanes: primero yo y luego yo, y si el Mundo, Europa o España se van al garete, pues que se vayan, pues ante todo y sobre todo está nuestra Nación. De verdad, da miedo…
Guillermo Núñez
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