Elblogoferoz / Consumer.-El 63% de los españoles no encuentra justificación para el fraude fiscal, frente a un 37% que lo justifica. Son datos del «Barómetro fiscal 2010» elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda, que destaca que el porcentaje de personas que rechazan el fraude fiscal se ha incrementado al pasar del 57% al 63%. En el estudio también sobresale la opinión de que los que piensan que e
l grado de cumplimiento fiscal ha empeorado en los últimos diez años (57% de los entrevistados).
Entre los ciudadanos que consideran que ha habido una evolución positiva en el pago de impuestos, el 43% de los encuestados, un 85% atribuye esta mejora a que la Inspección de Hacienda ha incrementado el control sobre los contribuyentes, mientras un 84% menciona las retenciones sobre el sueldo como un mecanismo que ha tenido bastante o mucha influencia en ese mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es menor el porcentaje de ciudadanos que entiende que ese mayor cumplimiento se debe a una mayor conciencia cívica o fiscal por parte de los españoles, un 71%
Pese a esta percepción, según los datos obtenidos en las entrevistas realizadas para el barómetro fiscal, son mayoría los que opinan que en general se pagan los impuestos de un modo bastante correcto (59%), frente a los que piensan que el fraude fiscal está muy generalizado y el pago de impuestos es muy imperfecto, en un porcentaje, además, creciente respecto a 2009.
Respecto a qué efectos tiene el fraude fiscal, la mayoría de los encuestados menciona la disminución de recursos para llevar a cabo políticas públicas (40%), en siguiente lugar se menciona la creación de injusticias (22%) y el incremento de la presión fiscal (15%). El 13% entiende que desmotiva a cumplir con las obligaciones fiscales y un 5% que distorsiona la economía.
Servicios públicos
El «Barómetro fiscal 2010» también recoge la opinión de los españoles con respecto a los servicios públicos. Entre las conclusiones obtenidas de la encuesta realizada a 1.500 ciudadanos destaca que la crisis parece haber favorecido una utilización más intensiva de la oferta pública de servicios y prestaciones por parte de los hogares españoles. Con respecto a una posible participación de la iniciativa privada en la gestión o financiación de los servicios y prestaciones públicas, la mayoría de los españoles se muestra en contra, indica el estudio.
En 2010, cada hogar recurrió, al menos, a cuatro servicios públicos. Los más utilizados fueron los servicios sanitarios (93%), la infraestructuras (89%) y los servicios de transporte público (80%). En un nivel intermedio se situaron los servicios educativos (56%).
El acceso universal a la oferta pública de servicios y prestaciones, especialmente a la sanidad, es el factor más valorado por los ciudadanos, que, no obstante, mantienen la percepción de que existe un cierto margen de mejora en la prestación de los servicios públicos y de que éstos se podrían gestionar mejor. Los ciudadanos también reconocen mayoritariamente que la oferta pública de servicios y prestaciones ha mejorado mucho o bastante en los últimos cinco años.
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