Celebrada la vista en el Supremo sobre la condena por malversación al diputado de CC Esteban Bethencourt

El abogado del ex alcalde de Valle Gran Rey es el mismo de Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, condenados por el 'Caso Malaya'

ACN Press/Elblogoferoz.- La sala segunda del Tribunal Supremo ha celebrado hoy la vista del recurso de casación solicitado a instancias del ex alcalde de Valle Gran Rey y actual diputado de Coalición Canaria (CC), Esteban Bethencourt, tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos cometido durante su etapa de regidor de la localidad gomera.

En la vista intervinieron el abogado del ex alcalde de Valle Gran Rey Aníbal Álvarez, conocido por defender a Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, dos de los más famosos condenados por el 'caso Malaya'; la fiscal, quien según ha podido saber ACN Press solicitó la desestimación del recurso, y Pilar Rosa Felipe, la abogada de la parte denunciante (PSOE) quien al parecer fue la que más se extendió en su alegato.

Fuentes cercanas al caso han manifestado que en el turno de defensa, el experimentado abogado de Bethencourt “sorprendió por hacer hincapié en la rebaja de la condena, con cierta resignación” toda vez que solicitó la absolución para su representado.

Uno de los argumentos utilizados por Álvarez en defensa del ex edil gomero fue la consignación de buena parte del dinero presuntamente malversado (unos 50.000 euros en dietas y gastos sólo del año 1999), pero tal consignación no se hizo en tiempo y forma sino, años después “cuando ya era demasiado tarde”.

No existe un plazo estipulado para la resolución del Supremo pero se espera que pueda ver la luz en las próximas semanas, “habida cuenta de la celeridad con la que se ha celebrado la vista del recurso de casación, de hecho pensábamos que hasta navidad no se celebraría” afirmaron las fuentes.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia en todos los casos y sus decisiones sólo pueden ser dejadas sin efecto cuando el Tribunal Constitucional encuentra lesión de los derechos y libertades constitucionales, en los demás casos, no es posible apelar o recurrir una decisión firme del Alto Tribunal.