Marcos Brito quiere fijar servicios mínimos en la huelga de limpieza

El alcalde insta a la Dirección General de Trabajo a inhibirse para establecer los servicios mínimos del conflicto con Tarajal

Elblogoferoz.- El alcalde de Puerto de la Cruz, Marcos Brito, considera que con arreglo a la jurisprudencia que afecta a los Servicios Públicos, la competencia para establecer los Servicios Mínimos le corresponde a él por ser la autoridad gubernativa reguladora del derecho. Así lo expresó ayer en una nota.

El máximo mandatario se ha dirigido, por este motivo, a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, basándose en que la autoridad gubernativa a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, es la figura del primer edil, teniendo por ello atribuida la competencia para la fijación de los necesarios Servicios Mínimos obligatorios y, además, dice que con arreglo a la doctrina sentada por varias sentencias del Tribunal Supremo.

Entre las Sentencias destaca una de fecha 1 de octubre de 2003, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, que en su fundamento jurídico señala literalmente lo siguiente; “Contra esta Sentencia recurren en casación los miembros del Comité de Empresa de la concesionaria del servicio de limpieza invocando tres motivos todos ellos al amparo del artículo 88.1d) de la Ley Jurisdiccional vigente. Comparece como recurrido el Ayuntamiento cuyo Alcalde dicto resolución fijando los servicios mínimos,…”.

El dato de que sea el alcalde quien tenga un auténtico conocimiento de la realidad del servicio, considera Brito, le otorga la autoridad competente para la fijación de los necesarios Servicios Mínimos obligatorios, cuando se trata de servicios de titularidad municipal, por lo que considera que la Dirección General de Trabajo deberá inhibirse en los sucesivos conflictos laborales que afecten a la titularidad de la Corporación.

La alcaldía dice que ejercerá adecuadamente sus competencias, velando por el respeto a la jurisprudencia constitucional recaída sobre la materia, tratando de asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, lo que supone, como ha dicho la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1986 de 5 de mayo, “la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades, o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar un nivel de rendimiento habitual, ni asegurar un funcionamiento normal”.

Marcos Brito explicó que “no podemos estar de acuerdo con los servicios mínimos decretados” por los representantes de los trabajadores del servicio de limpieza Tarajal, ya que se trata de instalaciones en las que existen menores de edad que están recibiendo una formación. “¿Quién puede limpiar un colegio en apenas una hora y veinte minutos?, se pregunta, y añade que “nuestro objetivo es el de garantizar los derechos de los trabajadores en huelga, sin olvidarnos de los jóvenes estudiantes de nuestra Ciudad”.

Desde que se produjera la comunicación de los servicios mínimos decretados por la Dirección General de Trabajo a través de la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC), establecidos en el 20%, el Gobierno municipal se mostró crítico al entender que estos no cubrían las necesidades de un Servicio Público, tomando las medidas oportunas recogidas en la normativa legal vigente para hacer frente a la situación que se había provocado.

“Es el alcalde de un municipio quien tiene el mayor conocimiento de las necesidades reales que garanticen un servicio, sin menoscabar el derecho de los trabajadores, pero no se puede establecer unos servicios mínimos ridículos del 20%, a sabiendas de que no existe persona humana capaz de limpiar todo un colegio en apenas una hora de trabajo”, sentencia Marcos Brito.

El alcalde de la ciudad turística ha trasladado el asunto a la FECAM, para que sea tratado en los sus órganos de gobierno, “para que no se repitan” casos como el de los trabajadores de El Tarajal Sociedad Cooperativa Limitada.

El representante del comité de empresa ha dicho que se sigue adelante con la huelga indefinida, al menos hasta mañana, cuando se decidirá sobre la misma, a pesar de reconocer que la empresa ha cobrado las primeras facturas reclamadas, dado que se ha dado la subrogación de parte del personal en la empresa Pamarsa, afectando a 25 trabajadores que prestan sus servicios en el Lago Martiánez.